El Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, y el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, han firmado hoy el Protocolo de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la configuración de un instrumento de promoción de actividades logísticas y tecnológicas en la Bahía de Cádiz.
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La firma, rubricada en la sede social del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, pone en marcha la reformulación del proyecto Aletas mediante la creación de un instrumento de dinamización de la actividad económica en la Bahía de Cádiz.
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Con esta firma, y tal y como se había anunciado anteriormente, se mantiene firme el compromiso entre las dos administraciones por el desarrollo económico y social de la provincia de Cádiz.
El Protocolo establece las medidas de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, y crea un grupo de trabajo que impulsará la elaboración y tramitación de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del nuevo proyecto.
Las actuaciones productivas previstas están relacionadas con actividades logísticas (que permitan la intermodalidad portuaria, ferroviaria y de carretera), empresariales y tecnológicas, favorecedoras del tejido industrial y la creación de empleo en la Bahía de Cádiz.
Se prevén asimismo actuaciones medioambientales a desarrollar en el dominio público marítimo terrestre de la zona de Las Aletas.
El nuevo proyecto tiene vocación de integrarse, mediante las oportunas medidas de coordinación, en la red de entidades y órganos instrumentales de ambas Administraciones en el ámbito de la logística y el desarrollo tecnológico, que actúan en la Bahía de Cádiz: Zona Franca de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Red Logística de Andalucía y Parque tecnológico del Sur (Tecnobahía).
Compatible con la sentencia del Tribunal Supremo
“Nos hemos encontrado un contexto en el que han sido una serie de decisiones judiciales del Tribunal Supremo que llevaron a una convocatoria urgente del Consorcio en el pasado mes de julio, para tomar decisiones sobre las sentencias del Supremo, que suponían un reconocimiento de la dificultad para que como Consorcio se llevase a cabo actividad logística o industrial en el dominio público marítimo-terrestre”, señaló Felipe Martínez, Presidente del Consorcio de Las Aletas ante los medios.
“En ese momento se instó a los miembros del Consorcio a tomar una pauta de acción que fuese compatible con las decisiones del Supremo, y hoy puedo decirles que hemos acordado un protocolo de acciones que se ha presentado hoy al Consorcio y a todas las Administraciones que forman parte, que parte del reconocimiento de la situación actual, que nos lleva a que la actividad medioambiental tenga que seguir un curso separado a la actividad logística e industrial y que tenemos que encontrar como administraciones instrumentos adecuados para cada una de las actuaciones”, prosiguió.
“El patrimonio comprometido con el Proyecto Aletas son 190 millones de Euros y está disponible para todos sus usos, pero el protocolo que ponemos hoy en marcha establece pautas de actuación diferentes para la actividad medioambiental de la actividad industrial y logística. Para ello se pone sobre la mesa un grupo de trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado que presentará al Consorcio en un plazo de tres meses sus resultados”, añade.
“Desde el punto de vista medioambiental se abre un proceso abierto para determinar como el patrimonio puede dejar mejor curso al interés de la sociedad civil para conservarlo, y por la parte industrial y logística que es la destinada a lo que inicialmente era un proyecto muy innovador para la zona, dinamizador de economía y empleo prosigue su curso, se crea un nuevo enfoque y proyecto por las sentencias del Supremo para que sean compatible ambas actividades”, finaliza
FUENTE: Delegación del Gobierno en Andalucía
