Iván Canca nos escribe un artículo para nuestra sección de “Tu Opinión”. Si queréis hacer como ella, podéis escribirnos, con vuestros datos, a redaccion@puertorealhoy.es.
Durante estos días se ha visto tímidamente en los medios una noticia de enorme trascendencia pero que ha pasado de puntillas por los medios de comunicación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras (desde 1992 a 2017). Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.
Vaya casualidad, una de ellas es la que gestiona el servicio de ayuda a domicilio que de manera tan cicatera trata a las trabajadoras que se manifestaban con fuerza hace unos días para pedir mejoras mínimas en sus condiciones.
“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, indica Competencia en su comunicado.
La noticia es una auténtica vergüenza. Una situación digna de cualquier dictadura. Estas empresas se reunían semanalmente y se repartían los contratos en un sistema oligopólico que habrá generado un sobrecoste al erario público imposible de calcular. Sin duda infinitamente más elevada que la multa que han sufrido y que ahora recurrirán y pagarán dentro de muchos años y seguramente reducida. No es de extrañar que un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo determinara que una carretera en España cuesta casi el doble que en Alemania. Y los alemanes no ganan precisamente la mitad.
Condenamos a Rusia pero aquí también tenemos a nuestros oligarcas. Y nos roban a espuertas. Y no hacemos nada. Más bien al revés. Cada vez está más extendido el españolito medio que pide dureza a los juzgados contra ladrones de poca monta y que también se queja de las «paguitas» que se dan a gente que en la mayor parte de los casos las necesita y al mismo tiempo aplauden con las orejas el último fichaje que ha hecho Florentino con el dinero extra que nos robó amañando contratos. Parece que los ladrones de guante blanco no molestan tanto como los pobres.
Si esta fuera una democracia decente habría una investigación por cada uno de los contratos amañados y la multa sería superior al sobrecoste que supusieron todos esos contratos.
Si esta democracia fuera decente la fiscalía actuaría con diligencia e investigaría todos estos casos para depurar responsabilidades penales.
Si fuera decente se prohibiría a estas empresas volver a concursar en lo público. Y que de una vez se dediquen a ser capitalistas de verdad y dejen de vivir del BOE y de robar a la ciudadanía.
Y esto último es muy importante, porque en este país falla clamorosamente el modelo productivo. Una de las razones es imposición alemana, que ellos eligieron la automoción y nos dejaron los chocos fritos, la otra razón es un estado fallido incapaz de establecer una mínima estrategia, ya lo dijo aquel Ministro socialista «la mejor política industrial es la que no existe» y por último y más relacionado con este tema está la poca necesidad que tienen muchas de las grandes empresas de nuestro país de innovar. Para qué gastar dinero en I+D si me trae mucho más a cuenta amañar contratos y robar a la gente.
Para terminar quiero decir que no me creo que este enorme latrocinio haya sido posible sin la connivencia de los políticos que durante tantos años han gobernado nuestro Estado. La oligarquía de este país es un simbionte entre empresarios y políticos que han gobernado durante esos 25 años. Y la gente, aunque les roben, les siguen votando.
Iván Canca
