El juzgado de lo Penal 1 de Cádiz se ha declarado este martes incompetente para celebrar el juicio a los siete manifestantes que fueron detenidos durante la huelga del metal en noviembre del 2021 por los disturbios protagonizados en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz), por lo que ha acordado suspenderlo y trasladar la causa a la Audiencia Provincial de Cádiz.
El titular del juzgado ha iniciado la vista anunciando que la reciente reforma del Código Penal afecta a uno de los dos delitos de los que se acusaba a los detenidos, el de desórdenes públicos, recogido en el artículo 557, de ahí que, al haberse ampliado el rango de años de condena, no puede abordar esta causa, algo que ha sido aceptado por la Fiscalía y por las defensas de los siete acusados.
Según ha detallado Pedro Castilla, el abogado de cinco de los acusados a las puertas del juzgado, «hay que esperar ahora que la Audiencia Provincial pueda acoger este juicio», por lo que ha lamentado las repercusiones que tendrá este retraso, derivado de la modificación del Código Penal.
Castilla se ha quejado también de otros defectos de forma del proceso como que no hubiesen sabido hasta la semana pasada que uno de los ocho detenidos e inicialmente encausados había sido absuelto hace varios meses, la falta de testigos por no haber sido citados, o las dificultades para acceder a los autos.
La Fiscalía mantendrá la petición de dos años por desórdenes públicos y uno por atentado, a pesar de que la reforma del Código Penal permite fijar una pena de hasta seis años por este delito, aunque, en este caso, se utiliza la legislación que más beneficia al acusado.
«Más allá de esta nueva dilación, es un caso que no debería haber llegado a los juzgados porque la lucha obrera no se puede criminalizar, de ahí que pidamos la total absolución de mis defendidos», ha explicado el abogado.
De los siete acusados que se han sentado hoy en el banquillo, tres han sido trasladados desde la cárcel, donde se encuentran internos por otras causas.
Unas 200 personas se han concentrado a las puertas del juzgado en apoyo a los acusados, entre ellos, miembros de la Coordinadora del Metal, trabajadores de Acerinox y Airbus, de la Marea de Pensionistas, representantes de Adelante Andalucía y personalidades como el exalcalde de Puerto Real José Antonio Barroso, o Diego Cañamero.
El portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), Manuel Barber, ha valorado la suspensión de este juicio ya que con ello los abogados «dispondrán de más tiempo» para preparar la defensa», aunque eso «supondrá alargar más la agonía»
