Siete de los manifestantes procesados por los disturbios ocurridos durante la huelga del metal en Cádiz en noviembre de 2021 evitarán ingresar en prisión, tras llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz. Inicialmente, se pedían penas de entre tres y cuatro años de cárcel para los acusados, por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
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De los siete acusados defendidos por el abogado de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM), tres han sido absueltos (uno de ellos antes de la sesión de este jueves), y los otros cuatro han visto sus penas reducidas a menos de dos años, lo que les permite evitar la cárcel. En concreto, uno fue condenado a seis meses por atentado a la autoridad, mientras que otros tres recibieron una pena de un año y medio por desórdenes públicos y atentado, además de una multa de 900 euros para dos de ellos.
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Por otro lado, dos procesados, representados por otro abogado, también recibieron una rebaja de condena a un año y medio. No obstante, uno de ellos ingresará en prisión debido a sus antecedentes penales.
Aunque tanto la CTM como el abogado Pedro Castilla han manifestado su disconformidad con el acuerdo, afirmaron que continuaron el juicio «porque todos son inocentes». A pesar de ello, aceptaron la decisión de los acusados de alcanzar este pacto para evitar penas de hasta cuatro años de prisión.
En un comunicado, la CTM expresó su rechazo hacia una justicia que, según ellos, «ataca a los trabajadores en lugar de quienes deberían ser los responsables». Pedro Castilla, por su parte, lamentó que la situación no se resolviera mediante «mediación» en lugar de «represión», aunque valoró positivamente que ninguno de sus representados ingrese en prisión.
La jornada del juicio comenzó con una concentración frente a la Audiencia Provincial de Cádiz, en la que más de un centenar de trabajadores del metal se congregaron para apoyar a los encausados.
El juicio, que originalmente había comenzado en marzo, fue suspendido porque la Audiencia Provincial resultó ser la competente para el caso, en lugar del Juzgado de lo Penal número uno.
