El presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha precisado el organigrama del nuevo Gobierno provincial. El ejecutivo comprende cuatro vicepresidencias: las dos primeras mantienen los mismo titulares –la primera, que asume José María Román y la segunda que mantiene Javier Vidal- a las que se añaden una tercera, que recae en la responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, y la cuarta que gestionará Javier Pizarro, que lidera el Área de Cooperación y Asistencia a Municipios.
Ruiz Boix ha confirmado que su predecesora, Irene García, ya ha renunciado a su cargo de diputada provincial y será Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar y perteneciente al mismo partido judicial, quien la releve. Mora coordinará el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación y se incorporará a la Junta de Gobierno.
Ruiz Boix, antes de su comparecencia con los medios de comunicación, se ha reunido con los miembros del Gobierno de Diputación. En dicha sesión de trabajo les ha encargado que vayan aportando las necesidades de cada Área para empezar a conformar el presupuesto del año 2023. Sobre las cuentas del próximo ejercicio ha asegurado que serán “expansivas”, con el firme propósito de encarar el actual escenario económico “con una inflación que ya supera los 10 puntos”. Un presupuesto que, según ha indicado, continuará “los principios progresistas” iniciados en 2015 y fortalecidos desde 2019 pero que no estará exento de “novedades”.
Tres pilares sustentarán la acción del ejecutivo provincial: consolidar la Diputación como “motor de generación de empleo, pese a no tener dicha competencia propia”; asistir a los 45 municipios de la provincia de Cádiz en sus necesidades de infraestructuras y servicios públicos; y fortalecer las políticas sociales, como es el caso de los recursos destinados a la atención a la dependencia y a las familias más vulnerables. En este último ámbito “sabemos que tenemos un aliado en el Gobierno de España que ha confirmado ser un escudo de protección social”.
El presidente de Diputación ha insistido en algunas señas de identidad que ya expuso en su discurso de investidura: “Será una Presidencia dialogante, con lealtad institucional y que buscará cómplices en defensa de los intereses del millón trescientos mil gaditanos y gaditanas”. Complicidades que procurará forjar “hacia arriba”, en referencia a los Gobiernos de España y de la Junta de Andalucía, “y en horizontal” con todos los grupos políticos representados en la institución provincial, así como con los agentes económicos y sociales.
En su comparecencia ante los medios respondió a las cuestiones planteadas por los periodistas, entre ellas una referida a la actual situación del Edificio Valcárcel. Al respecto, reiteró “el compromiso firme de Diputación en defensa del traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación” a dicho inmueble, al entender que sería un estímulo socioeconómico para la ciudad de Cádiz. Y, sobre las obras de recuperación, argumentó que “la Junta de Andalucía tiene que incluir en sus próximos presupuestos 50 millones de euros para esta actuación”, al entender que “ya no hay lugar para más palabras”. La vía de los hechos debe materializarse desde la administración que tiene “las competencias propias” en educación y en la creación y financiación de las universidades públicas.
Diputación suma a esta iniciativa la disposición de unos terrenos de gran valor, considerando que iban a ser destinados a una promoción hotelera.
FUENTE: Diputación de Cádiz
