El compromiso con la comunidad educativa del Centro, a pesar de no ser competencia municipal, y a pesar de la dificultad administrativa que tendría el Ayuntamiento, es lo que ha motivado a Antonio Romero a estudiar esta opción.
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Ante las manifestaciones que el alcalde realizó ayer en un medio en relación con las necesarias obras en el colegio Reggio para la retirada del amianto de los techos, y conociendo la repercusión que sus palabras pueden tener entre la opinión pública en general, y la comunidad educativa de ese Centro en particular, Antonio Romero ha querido aclarar lo siguiente:
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– El alcalde y su equipo de gobierno, por el compromiso que tiene con el alumnado del colegio Reggio, y a pesar de que en ningún caso la retirada de los techos puede ser considerada competencia municipal, barajaría entre otras posibilidades y en el caso de que fuera necesario, la de que el Ayuntamiento asumiera las obras y luego las pagara la Junta de Andalucía, aunque este procedimiento entrañaría numerosas dificultades administrativas.
– Hacer constar que la preocupación del alcalde se ha acrecentado cuando el pasado viernes, en la reunión celebrada con el AMPA, el Consejo Escolar, el personal docente y los grupos políticos, se hizo público un informe que concluye los riesgos a los que serán sometidas las personas que sigan asistiendo al colegio, así como la intención de iniciar acciones judiciales contra la Junta y contra el propio Ayuntamiento si estos riesgos no se suprimen.
– Para que el Ayuntamiento asuma las obras se tienen que dar determinadas circunstancias que el alcalde cree al menos “poco probables”: la primera, que se contraste mediante otro informe realizado por empresa externa experta las conclusiones a las que ha llegado esa empresa, junto con un informe municipal que lo suscriba; la segunda, que exista una comunicación urgente con la Delegación de Educación para que se comprometa a atender esa responsabilidad en el futuro, y una vez se cumplan estas condiciones y con el compromiso establecido, se intentaría sacar un proceso de licitación pública, siempre que ésta tuviera un coste máximo de 60.000 euros.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
