El compromiso con la comunidad educativa del Centro, a pesar de no ser competencia municipal, y a pesar de la dificultad administrativa que tendría el Ayuntamiento, es lo que ha motivado a Antonio Romero a estudiar esta opción.
Ante las manifestaciones que el alcalde realizó ayer en un medio en relación con las necesarias obras en el colegio Reggio para la retirada del amianto de los techos, y conociendo la repercusión que sus palabras pueden tener entre la opinión pública en general, y la comunidad educativa de ese Centro en particular, Antonio Romero ha querido aclarar lo siguiente:
– El alcalde y su equipo de gobierno, por el compromiso que tiene con el alumnado del colegio Reggio, y a pesar de que en ningún caso la retirada de los techos puede ser considerada competencia municipal, barajaría entre otras posibilidades y en el caso de que fuera necesario, la de que el Ayuntamiento asumiera las obras y luego las pagara la Junta de Andalucía, aunque este procedimiento entrañaría numerosas dificultades administrativas.
– Hacer constar que la preocupación del alcalde se ha acrecentado cuando el pasado viernes, en la reunión celebrada con el AMPA, el Consejo Escolar, el personal docente y los grupos políticos, se hizo público un informe que concluye los riesgos a los que serán sometidas las personas que sigan asistiendo al colegio, así como la intención de iniciar acciones judiciales contra la Junta y contra el propio Ayuntamiento si estos riesgos no se suprimen.
– Para que el Ayuntamiento asuma las obras se tienen que dar determinadas circunstancias que el alcalde cree al menos “poco probables”: la primera, que se contraste mediante otro informe realizado por empresa externa experta las conclusiones a las que ha llegado esa empresa, junto con un informe municipal que lo suscriba; la segunda, que exista una comunicación urgente con la Delegación de Educación para que se comprometa a atender esa responsabilidad en el futuro, y una vez se cumplan estas condiciones y con el compromiso establecido, se intentaría sacar un proceso de licitación pública, siempre que ésta tuviera un coste máximo de 60.000 euros.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
