La Guardia Civil ha dado este miércoles por cerrada la denominada operación ‘Venel’, iniciada la semana pasada en la provincia de Cádiz por fraude masivo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 250.000 euros con prótesis ortopédicas, con la puesta a disposición judicial de 22 personas, trece detenidos y nueve investigados.
Según detalla el Instituto Armado en un comunicado, entre ellos se encuentran el director y el exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; los ex-directores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros hospitalarios durante los años investigados. Se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.
Además del perjuicio causado al erario público, la Guardia Civil señala que una de las consecuencias más graves que se derivan de esta práctica criminal es el caso de un paciente al que se le denegó un material ortopédico que precisaba porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos.
La operación se inició a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real para investigar supuestas irregularidades detectadas por el Equipo Provincial de Inspección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, relativas a la facturación de la prestación ortoprotésica prestada por el Hospital Universitario de Puerto Real, durante los años 2012, 2013 y el primer semestre de 2014.
Trama extendida a tres provincias
Las investigaciones detectaron una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del Hospital de Puerto Real y varios titulares de ortopedias radicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Posteriormente se determinó que gran cantidad de recetas emitidas para la prescripción de material ortopédico, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de distintas ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia. Se trataba de distintos productos de mayor o menor coste, dándose una pluralidad de casos delictivos detectados, además de multitud de irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial.
Según ha determinado la investigación, se llegaron a facturar productos a nombre de más de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento.
Entre las modalidades delictivas más utilizadas, la Guardia Civil señala la prescripción de prótesis de amputados a personas no amputadas y a personas que manifestaron no haber recibido los productos y que padecían amputaciones distintas a la de los artículos facturados irregularmente a su nombre; la prescripción de sillas eléctricas y reparaciones nunca recibidas o solicitadas por los pacientes; o la prescripción duplicada de artículos ortoprotésicos.
Otros mecanismos empleados por la trama fueron la prescripción a pacientes que manifestaron no haber acudido a su médico para obtener estos artículos, sino que se los gestionaron directamente las ortopedias; prescripciones en las que se visó y falsificó la firma de auxiliares administrativos y facultativos; y prescripciones de las que no existen registros informáticos, debido a un borrado de la base de datos de cargos, y de los que tampoco existe documentación en el archivo del hospital.
Por último, la Guardia Civil detalla que, aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó y se corrigieron las deficiencias supera ampliamente el medio millón de euros en uno de los hospitales.
La Junta de Andalucía, tras esta comunicación, ha emitido una nota aclarando el papel de varios implicados, aclarando que la Dirección Gerencia y el equipo del Hospital Universitario de Puerto Real han permitido detectar y poner en conocimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios las supuestas irregularidades y actuar contra los causantes, incoando expedientes sancionadores a los cuatro trabajadores que detectó que supuestamente estaban implicados en el fraude.
En este sentido, tanto miembros de la anterior Dirección Gerencia como de la actual, han acudido a declarar en calidad de intervinientes, conocedores del caso y denunciantes del mismo, como en cualquier otra investigación.
FUENTE: EP
