El colectivo de extrabajadores de Delphi ha reclamado a la Junta de Andalucía y a los partidos con representación parlamentaria que sean «responsables» y «actúen con urgencia» para evitar el derribo de las naves de la antigua factoría en Puerto Real (Cádiz), toda vez que, según indican, la administración concursal ha remitido a los acreedores la información previa para su «inminente» demolición.
Fuentes sindicales han expresado a Europa Press su «preocupación» alrededor de este asunto, pues entienden que es «mucho más fácil» que se establezcan en la zona empresas que generen puestos de trabajo si cuentan con unas instalaciones adecuadas y «prácticamente listas para iniciar la actividad». Recuerdan que el objetivo de la administración concursal es demoler las naves para vender elementos y obtener liquidez para el concurso.
Según las citadas fuentes, se ha remitido el plan de demolición a los acreedores, y «si dan su visto bueno será inminente», apuntan. Los acreedores del concurso son Aguas de Puerto Real, S.A.; Arval Service Lease, S.A.; Delphi A.S. Deutschland GMBH; Delphi Diesel Systems, S.L.; Delphi France SAS; Delphi Italia Automotive Systems, S.R.L.; Delphi Packard España, S.L.; Delphi Poland, S.A. y Delphi Technologies, INC.
También son acreedores Puerto Real Cogeneración, S.A.; Sidenor Industrial, S.L.; Sociedad de Prevención de Fremap; la Agencia Estatal de Administración Tributaria (retenciones a cuenta del IRPF enero-febrero de 2010), el Ayuntamiento de Puerto Real (IBI 2010) y Tesorería General de la Seguridad Social (Cuotas Seguridad Social de febrero de 2010).
165 días de encierro
El colectivo percibe la situación como «amargante» después de siete años esperando una solución que «nunca ha llegado para 600 extrabajadores», lo que les ha llevado a iniciar un encierro hace ya unos 165 días «sin que eso haya servido para que la Junta haya movido un dedo».
En este sentido, critican que no se haya reunido la comisión de seguimiento de los asuntos de Delphi que solicitaron formalmente los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto –CCOO, UGT, CGT y USO–, censurando igualmente que el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, José Manuel Miranda, «no se haya dignado» a recibirlos «desde que tomó posesión de su cargo».
Se quejan de que los tienen «anulados» aquellos que entienden que deberían procurarles una solución. Por ello, insisten en la necesidad de que se reúna la comisión de seguimiento y la Junta «ponga algo sobre la mesa de una vez», ya que están «cansados de reuniones vacías».
Finalmente, han llamado a la «responsabilidad» a los partidos con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, IU y PP), especialmente al PSOE, a quien reclaman que «se una al diálogo» y se lleven a cabo reuniones a tres bandas entre las formaciones y con los afectados para buscar una salida definitiva al conflicto.
FUENTE: EP
