El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, presentará al próximo Pleno Ordinario una propuesta para que no se realicen cortes de agua por impago justificado y se garantice un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día.
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La aprobación de esta propuesta forma parte de los trámites necesarios para la adhesión del municipio al Pacto Social del Agua, promovido por diversas organizaciones y plataformas, que reclaman la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa.
Se trata de garantizar un derecho humano esencial reconocido en 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Además de esta garantía, la adhesión al Pacto Social del Agua pretende eliminar la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta sólo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión del suministro sea también un elemento de creación de empleo.
La propuesta ha sido abordada en una reunión que el alcalde, Antonio Romero, y los componentes del equipo de gobierno municipal, incluida la responsable de Medio Ambiente, María Merello, mantuvieron ayer con el gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
El alcalde ha hecho hincapié en que “la inclusión de Puerto Real en el Pacto Social del Agua, del que ya forman parte numerosos municipios de España, es el primer paso para convertir nuestra ciudad en un referente de sostenibilidad económica, medioambiental y social en relación con el agua, e incluye medidas de participación ciudadana y transparencia que suponen un cambio al actual modelo de gestión.”
Asimismo, Antonio Romero considera que “el Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la obligación de suministrar el agua pública sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello debemos garantizar una dotación mínima y el compromiso de no cortar el agua en casos de impagos justificados”.
El gobierno local ofrecerá la propuesta al resto de grupos políticos para que la presentación al Plenario sea conjunta, pues “el consenso sobre este asunto debe transmitir la unidad del municipio en la defensa de los derechos básicos de los puertorrealeños”.
