Nos trae hoy aquí, a estos párrafos que dedicamos a la divulgación histórica sobre nuestra ciudad el testimonio que sobre el Puerto Real de 1863 nos brinda un gobernador de la provincia gaditana por aquellas fechas, alguien que podemos entender que -en virtud de su cargo y por las obligaciones del mismo- habría podido llegar a conocer el ámbito de nuestra provincia (y en su seno, a Puerto Real) con cierta solvencia, por lo que su testimonio cuenta con un plus de validez, por lo certero y por lo singular. Hace unos días hablábamos del Puerto Real de 1864 a través de una “Guía del Viagero” (sí, con “g”, como reza en la edición original decimonónica del volumen), y hoy nos acercamos a la misma época, a los mismos años, a 1863, a través de otro texto de dichos momentos.
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Cabe señalar en este sentido que las curiosidades de la bibliofilia (como bien saben algunos amigos con quienes comparto dicha debilidad) son muchas y muy notables, y nunca se sabe qué podrá encontrarse cuando se revisan los estantes de una biblioteca o bien los expositores de una librería, y cuando se abren las páginas de un volumen ignorado durante décadas en un anaquel, un libro que acaso nadie leyó y que nos revela las curiosidades de sus contenidos al prestarle la atención que otros le negaron.
Así, de esta forma y en una librería del Campo de Gibraltar pudimos encontrar hace ya años un más que curioso librito editado por la entonces Caja de Ahorros de Cádiz (y aparecido con el número 9 de la serie Fuentes Documentales que publicó dicha entidad de ahorros hoy desaparecida como tal) allá por la década de los años ochenta del pasado siglo (el XX), un volumen de título “Memoria de mi administración en la provincia de Cádiz, como gobernador de ella, desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo de 1863”, cuyo autor fuera Antonio Guerola, quien ostentó el cargo de gobernador de la provincia de Cádiz en el ciertamente breve periodo de tiempo mencionado en el título de su obra (en el año 1863, en las postrimerías del reinado de Isabel II).
Pues bien, en el citado librito aparecen unas breves referencias sobre nuestra localidad, Puerto Real, cuya existencia no hemos querido dejar pasar sin hacer mención de las mismas, unas referencias y menciones que, aun siendo muy someras, proporcionan un toque de color a los perfiles de la Real Villa en época isabelina, unos apuntes no por más escuetos menos interesantes.
En esas notas se nos apunta, por ejemplo, que nuestra ciudad venía a contar con unos 1.523 vecinos (lo cual vendría a suponer un conjunto de unos seis-siete mil habitantes -estimada una proporción de 4-5 habitantes por vecino considerado) y que la misma formaba parte (de acuerdo con la ley de 14 de marzo de 1846) del distrito electoral de El Puerto de Santa María; este distrito, del que formaban parte la cabecera del mismo, la ciudad de El Puerto de Santa María, junto con Puerto Real y Chiclana de la Frontera, contaba con un total de 339 electores, en un momento en que el sufragio electoral no era universal sino censitario (esto es, que tan sólo podían votar los ciudadanos varones que contaban con una determinada renta económica, es decir, los mejor situados económicamente en el seno del cuerpo social portorrealeño de la época), lo que nos pone ante la evidencia de que solamente 339 personas (y todos varones de renta alta) tenían derecho a voto en el ámbito de las localidades de Puerto Real, Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María en la década de los sesenta del siglo XIX.
De este distrito electoral dela época, en el que como señalamos estaba incluida la Villa de Puerto Real, se nos dice (en palabras del propio gobernador de la provincia) que era el más batallón (reivindicativo, querría decir) de la provincia, siendo uno de los líderes políticos del mismo un vecino de nuestra Villa, don Francisco Barca, oficial del ministerio de Gobernación y cuyo hermano, de nombre Sebastián, llegaría a convertirse en alcalde de Puerto Real igualmente por los mismos años del Ochocientos. La filiación política de este don Francisco era conservadora, ya que pertenecía al partido Unionista, y habría resultado vencedor en las elecciones de 1858, aunque con un escaso margen, según se nos indica.
Como curiosidad señalaremos que el parentesco entre el referido alcalde de nuestra Villa y el diputado conservador sería una de las causas aducidas por el gobernador para las malas relaciones entre el gobierno provincial y el Ayuntamiento de Puerto Real, ya que el munícipe portorrealeño trataría de desobedecer a su superior amparándose en la protección política que habría de proporcionarle su hermano (bien ubicado en el gobierno de la nación), cosas que no resultan poco familiares hoy, pero que como se ve (y sabemos) existen desde antiguo…
Si seguimos trayendo a colación en estos párrafos los contenidos de la “Memoria” redactada por Antonio Guerola relativos a Puerto Real en año 1863 (el señor Guerola recogió en algo más de doscientas páginas publicadas por la Caja de Ahorros de Cádiz en 1986, en su serie “Fuentes Documentales”, con el número 9 de la misma los asuntos que estimó como más interesantes de su período de gobierno en el ámbito gaditano), veremos que son varias las veces en las que nuestro Puerto Real encuentra un espacio propio en los párrafos redactados por este político decimonónico.
Junto a otro tipo de asuntos que acaso puedan resultarnos de menos interés en este momento, no queríamos resistirnos a la tentación de traer a estos párrafos una anécdota de la Feria de Puerto Real de 1863, hace ahora 155 años, cuando el gobernador de la provincia se vio compelido a intervenir ante las flagrantes infracciones de la legislación vigente entonces relativa a los juegos prohibidos en lugares públicos.
Al hablar de juegos prohibidos no es de entender que se trata de juegos rodeados de morbo o que se practicaban en locales de carácter “ilegal” o de naturaleza “poco recomendable”, sino que nos referimos a juegos de azar, a naipes y apuestas, a loterías y demás suertes de dicha cuerda y condición, de dicho perfil y espíritu.
No se trata ahora de llevar a cabo generalizaciones sobre unos tópicos más o menos manidos o incluso idealizados acerca de nada, pero nos resulta cuando lo menos curioso que un caso como el referido llegase a alcanzar proporciones mayores, hasta el punto de que trajera como consecuencia incluso un enfrentamiento entre el alcalde de Puerto Real, Sebastián Barca, y el gobernador de la provincia, Antonio Guerola (autor de estas notas), allá por el mes de mayo de 1863, hace ahora justamente 155 años.
Consecuencia de dicho enfrentamiento sería un (entendemos que nada dulce) intercambio de cartas entre los citados personajes políticos, un juego epistolar en el que se pone de manifiesto de una parte la intención del entonces primer edil portorrealeño de que no resultasen vetados los juegos en cuestión por el Gobierno Civil de la provincia, y de otra la más que firme voluntad del gobernador provincial de prohibir las actividades ilegales en su ámbito de jurisdicción: un verdadero choque de voluntades entre alcalde y gobernador, así pues.
Para que podamos valorar en su justa medida este asunto, cabe señalar que el apartado de juegos prohibidos del trabajo redactado por el gobernador (su “Memoria” de su período gaditano) está completamente ocupado por Puerto Real, esto es o dicho de otro modo, que -ciertamente descontadas las posibles (y nada desdeñables) intenciones del gobernador Antonio Guerola de cargar las tintas contra el municipio portorrealeño (y su rival -por no decir enemigo- político el alcalde de la Villa, Sebastián Barca)- nuestra localidad habría podido ser la población gaditana más “taimada” a mediados del siglo XIX (de confiar en los criterios del autor de este informe…).
Al parecer ese carácter transgresor del que a veces hacemos gala en Puerto Real no es algo nuevo, y la necesidad de hacer sentir nuestra voluntad a los políticos (locales y foráneos), tampoco. Y esperamos que, para lo bueno, siga siendo así…
