Los antiguos concejales del Partido Andalucista, Flores Domínguez y Javier Traverso, y los actuales, Jesús Plaza y Manuel J. Izco, tendrán que declarar en calidad de investigados en el Caso de los Aceites Usados que denunció hace ya más de un año la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (GEREGRAS).
Hacía ya bastante tiempo que no se sabía nada del Caso de los Aceites Usados, un escándalo que salpicó al antiguo Equipo de Gobierno del Partido Andalucista en el último tramo de la pasada legislatura. Un silencio que ha llegado hasta estos últimos días, cuando se ha podido saber novedades sobre el caso denunciado por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (GEREGRAS).
Puerto Real Hoy ha podido conocer el último auto emitido por la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Puerto Real, así como el escrito de la Fiscalía Provincial de Cádiz.
Precisamente ha sido la Fiscalía la que ha mostrado al juzgado puertorrealeño que se realicen las siguientes diligencias de cara a proseguir con el trámite de calificación. Para ello, en su escrito, la Fiscalía menciona el Artículo 92.2 d) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cual se refiere a «Competencias propias de los municipios» como el cual establece la recogida y tratamiento de los residuos.
Asimismo, este escrito menciona el Artículo 32 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de la Autonomía Local de Andalucía, en la cual se establece:
Artículo 32. Servicios públicos reservados.
1. Se declara la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Mediante ley se podrá efectuar la reserva para otras actividades y servicios.
2. La reserva habilita para la prestación efectiva en régimen de monopolio de los servicios públicos referidos en el apartado anterior.
3. La prestación en régimen de monopolio de un servicio público será acordada por el pleno del ayuntamiento correspondiente, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa la tramitación de un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, que incluirá, en todo caso:
a) Una memoria justificativa, que recogerá, entre otros extremos, la estructura del mercado sobre el que actúa la reserva, los posibles intereses empresariales afectados y las posibles compensaciones derivadas de la reserva; el concreto interés general que motiva la reserva y el cumplimiento de los criterios del Derecho europeo y nacional sobre la competencia relativos a la creación de los derechos especiales o exclusivos.
b) Un trámite de información pública y de audiencia a todos los sujetos directamente afectados por el proyecto de reserva.
c) Un informe provincial sobre cada concreto proyecto de reserva. El informe será obstativo cuando la reserva proyectada afecte de forma relevante al interés económico supramunicipal.
4. La recepción y uso de los servicios públicos reservados a las entidades locales podrá ser declarada obligatoria para los ciudadanos mediante ordenanza, cuando lo requiera la seguridad, salubridad o circunstancias de interés general.
Por ello, la Fiscalía pide que el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Real informe de lo anteriormente expuesto en este artículo como trámite previo al expediente que dio lugar al convenio y a la adenda en «las que se otorgó a Biouniversal la exclusividad en la recogida y gestión de los aceites usados procedentes de comercios, instituciones e industrias del término municipal».
Nuevos investigados
Pero la sugerencia del Ministerio Fiscal al Juzgado puertorrealeño no queda ahí. En su escrito, ratificado en el auto, se pide que se citen a declarar a los antiguos concejales andalucistas Flores Domínguez y Francisco Javier Traverso, junto al actual Edil del PA en la Corporación, Jesús Plaza, como investigados al haber formado parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó el convenio. Mientras que los tres repiten junto al también actual andalucista, Manuel J. Izco, como investigados por haber formado parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la adenda a BioUniversal SL.
Cabe recordar que el pasado 27 de Noviembre de 2015, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó al Ministerio Fiscal que actuara sobre el caso en un plazo común de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de procesamiento o el sobreseimiento de la causa o, como ha ocurrido, sugiriendo practicar diligencias complementarias para completar el escrito de procesamiento.
Las partes citadas pueden formular un recurso de reforma en un plazo de tres días o un recurso de apelación en plazo de cinco días.
