Los empleados de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz han llevado a cabo este jueves, 21 de noviembre, una jornada de paros como medida de protesta por el estancamiento en la negociación del nuevo convenio colectivo. Los paros han sido de 24 horas en los centros de Puerto Real y San Fernando, mientras que en Cádiz capital se han limitado a dos horas, según lo ha confirmado José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa en la capital gaditana.
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Protestas ajustadas para minimizar el impacto
El paro parcial en Cádiz responde a la necesidad de no perjudicar en exceso el negocio de reparaciones de buques y cruceros, cuyas actividades dependen de plazos más ajustados. “Hemos optado por una medida de protesta que no genere repercusiones demasiado negativas en este sector”, explicó Bolaños.
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Por el contrario, los centros de San Fernando y Puerto Real han implementado paros totales que han afectado los tres turnos de trabajo: mañana, tarde y noche. Estas interrupciones comenzaron a las 7:00 de la mañana del jueves y se prolongarán hasta la misma hora del viernes, 22 de noviembre.
Un convenio pendiente desde 2021
Actualmente, los trabajadores operan bajo un convenio colectivo prorrogado desde 2022. Sin embargo, las propuestas presentadas por la empresa para el nuevo acuerdo han sido rechazadas por los representantes laborales, quienes consideran que no cumplen las expectativas. Las movilizaciones forman parte de un calendario de protestas aprobado a nivel estatal por el comité intercentros.
La tensión se agrava al considerar que el anterior convenio, vigente entre 2018 y 2021, lleva más de tres años sin renovarse. Además, los trabajadores critican que las previsiones del Plan Estratégico ligado a ese convenio han sufrido desviaciones importantes sin ofrecer soluciones claras.
Apoyo institucional y mediación
El pasado 24 de octubre, los comités de empresa de los tres astilleros de Navantia en Cádiz entregaron una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando su intervención para desbloquear las negociaciones. En el documento, le recordaron que es «parte destacada del Gobierno que controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que a su vez es poseedora del 100% del capital de Navantia», a la que le exponían que el anterior convenio –de 2018 a 2021– «lleva pendiente de renovación más de tres años» y que las previsiones del Plan Estratégico que lo acompañaba «han sufrido una desviación sin conseguir enderezar la dirección de la compañía», y que «ni siquiera se ha convocado a la comisión de seguimiento del mismo más que para su constitución».
Los trabajadores también denunciaron que la comisión de seguimiento del Plan Estratégico no se ha convocado desde su creación, lo que dificulta una revisión efectiva de los compromisos asumidos en el anterior convenio.
Reivindicaciones y futuro
Con estos paros, la plantilla de Navantia busca presionar a la empresa y al Gobierno para avanzar en un nuevo convenio que contemple mejoras en las condiciones laborales y una planificación más efectiva de los objetivos estratégicos. Mientras tanto, las negociaciones continúan, marcadas por la tensión entre las partes implicadas y el creciente malestar entre los trabajadores.
