El sindicato USO ha mostrado su «indignación» ante la «absoluta falta de humanidad» del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con la suspensión cautelar de las «mínimas prestaciones» que vienen percibiendo los extrabajadores de Delphi, lo que supone «condenarlos a la indigencia».
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En declaraciones a Europa Press, el portavoz de USO en el conflicto de Delphi, Miguel Paramio, ha lamentado el «grave perjuicio» que esto causa a aquellos extrabajadores cuyos procedimientos está llevando el mencionado juzgado —uno de los tres juzgados que llevan los 420 casos por la supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por parte de la Fueca y otras entidades—, máxime teniendo en cuenta que «los juicios no van a celebrarse hasta enero de 2018».
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Según ha recordado, los juzgados de lo Social 1 y 2 están desestimando la petición de medidas cautelares solicitadas por el SEPE para suspender las prestaciones. El 3 es el único que las está estimando, criticando en este punto que haya comenzado a notificarse la suspensión de las prestaciones con fecha de efecto del 1 de enero «sin que el juzgado haya contestado a los recursos de reposición» planteados por los afectados.
El representante sindical ha comentado que llegaron a solicitar la mediación de presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz para que instase a los tres juzgados a «unificar criterios» a la hora de decidir sobre una cuestión «tan vital como es el sustento de una familia». Con ello, pretendían que el Juzgado de lo Social número 3 no acordara la suspensión hasta que se celebren los juicios.
Paramio ha censurado que «no hayan tenido en cuenta el punto de vista humano», pues se trata de «prestaciones mínimas, casi asistencial o de subsistencia, que pueden llevar a duras penas a que una familia coma por lo menos algo todos los días».
El portavoz de USO ha insistido en el «grave problema» que esto supone, pues los afectados «están sobreviviendo prácticamente con esto que les van a quitar» y, además, hasta que se celebren los juicios en 2018 «no pueden solicitar algo en ese periodo al mismo organismo que suspende las prestaciones».
Finalmente, ha considerado que «no se está haciendo justicia con estos trabajadores», enfatizando que el colectivo es el que está «pagando los platos rotos de los errores o irregularidades que hayan podido cometerse por parte de la Administración o de las entidades que participaron en la formación».
FUENTE: EP
