Los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi —CCOO, UGT, CGT y USO— están elaborando un recurso para que aquellos extrabajadores que realizaron formación y a los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está reclamando el reintegro de las prestaciones por desempleo puedan solicitar la suspensión cautelar de esta medida hasta la celebración de juicio, que están siendo señalados para los meses de octubre y noviembre de 2017.
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En declaraciones a Europa Press, el portavoz de USO en el conflicto de Delphi, Miguel Paramio, ha explicado que los afectados comenzaron a recibir las cartas del SEPE el pasado jueves y ha calificado de «lamentable» la situación, pues «tanto la Seguridad Social como la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Empleo exculpan a los trabajadores» de las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en torno a la formación.
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Paramio tilda de «auténtico disparate» que se esté reclamando al colectivo lo que se le está reclamando, apostillando que esto supone que, «además de habernos tirado como una colilla, nos han pisoteado».
Según ha detallado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz es el encargado de las dos denuncias existentes en relación a este asunto: la de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) y ahora la del SEPE, que está reclamándoles el reintegro de las prestaciones indebidas.
Cabe recordar que la Junta concedió en 2011 una subvención de 20,2 millones a la Fueca para la realización de ‘Acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias profesionales para extrabajadores de la multinacional Delphi’.
La Inspección de Trabajo detectó «irregularidades por parte de la Fueca en la contratación del colectivo Delphi —unas 420 personas—», lo que le fue comunicado a finales de 2013. Según ha explicado Paramio, la Fueca ha presentado recursos hasta agotar la vía, «contestándole la autoridad competente que ha cometido una simulación de contratación y que es la única responsable solidaria».
Por ello, se imponía a la Fueca «una multa de 2,6 millones y, al parecer, ya les han embargado 1,3 millones». Sin embargo, ha decidido «denunciar a todo el mundo, es decir, a la Junta y a los trabajadores argumentando que todos han participado en esta historia». Reclama a cada trabajador 6.231 euros y el juicio está previsto para septiembre de 2017, según ha indicado Paramio.
De esta manera, «cuando el SEPE recibe la denuncia entiende que si estos contratos han sido irregulares las prestaciones son ilegales y tienen que devolverse», con lo que «ha propuesto con el juzgado una suspensión cautelar de las prestaciones de los afectados», quienes están recibiendo notificaciones desde el jueves.
Ante esta situación, los sindicatos están consensuando un recurso para que los afectados puedan presentarlo en el juzgado y evitar que se lleve a cabo esta medida cautelar hasta que el juez dictamine en cada caso, ya que los juicios serán a título individual.
Paramio, quien ha señalado que el colectivo «confió en las administraciones» y en la legalidad de las medidas que éstas estaban adoptando, ha confiado en que los recursos prosperen y en que «la justicia sea justicia» y los trabajadores queden «exculpados» y exentos de estas medidas que suponen «un varapalo insoportable» para la «dramática» situación económica que atraviesan.
FUENTE: EP
