El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Alfredo Fernández, se ha pronunciado sobre el asunto de la tasa consorcial de basura tras la reunión que Antonio Romero ha mantenido con representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.
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Fernández aclaró que «la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la ley de sostenibilidad y racionalización que se aprobaron por parte del gobierno central del PP provocaron que se tuviese que comenzar a adaptar las ordenanzas y competencias a esa nueva normativa. En ese sentido se publicó en 2013 una ordenanza con el fin de dar cumplimiento a dicha ley».
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«En diciembre de 2014 se publicó por parte del Consorcio Bahía de Cádiz la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Transferencia, Transporte y Tratamiento de Residuos Municipales, aplicable en los municipios de Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando, para su entrada en vigor durante el ejercicio 2015».
Fernández afirma que «desde ese momento, junio de 2015, Romero no sólo no es que no haya tomado medida alguna a este respecto sino que ha incluido dentro del plan de ajuste que aprobó su gobierno, recoger el ahorro para el Ayuntamiento que provenía de repercutir el coste del cien por cien del servicio al ciudadano».
«Romero habla de Chiclana y San Fernando y de que no se cobrará en Puerto Real si no se cobra en esos municipios pero a diferencia de nosotros Chiclana se opone al cobro de la tasa y pide al Consorcio que no la cobre. En el caso de que el Consorcio siga adelante, han anunciado que iniciarán un procedimiento administrativo para que lo aprobado se declare nulo (2015 y 2016). En Chiclana es el Ayuntamiento, a través de la empresa pública Chiclana Natural, la que asume la tasa desde el pasado año 2017. Por su parte, San Fernando reclama la paralización del cobro de la tasa de residuos en su localidad y que afectaría a los años 2015, 2016, 2017 y 2018».
Fernández añada que «sobre lo que no se pronuncia Romero es si sobre va a tomar medidas desde el Ayuntamiento dirigidas a declarar la nulidad de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por lo que en principio todos recibirán las liquidaciones y tendrán que atenderlas por que la solución que plantea de derogar la tasa consorcial, conllevaría dejar vigentes las liquidaciones que vendrán de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y probablemente 2019 para Puerto Real».
También Antonio Romero habló de que aunque no se haya cobrado a la ciudadanía: “Puerto Real sí ha hecho frente a estos gastos, pues una de las primeras cuestiones que nos encontramos nada más llegar al gobierno municipal fue afrontar un pago de 3 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a la empresa que prestaba este servicio, lo que evidencia nuestra responsabilidad”.
A ese respecto, Fernández quiso aclarar que «esos años no quedan afectados por la tasa consorcial y que históricamente el Ayuntamiento de Puerto Real pagaba y paga con retraso todos esos conceptos».
Así quiso recordar que «cuando los andalucistas tomaron posesión en el año 2011, el Ayuntamiento de Puerto Real por limpieza viaria y tratamiento de residuos debía no tres millones de euros si no un total de casi 27 millones (más de veinte millones de principal y más de seis en intereses) cuyos retrasos databan de hasta 1996. Ahí sí que la empresa amenazaba con suspender el servicio de recogida y dejar la basura en la calle sin recoger. Eso sí, Romero evita aclarar muchas cosas como estas por que proviene de la gestión de IU que es su socio político y quién le dio la alcaldía», apuntó Fernández.
Por otra parte Fernández también recordó que «ha habido margen tras la fusión de las sociedades mercantiles para adoptar medidas, que fue nuestra propuesta desde 2015, y que por supuesto nunca se ha debido dejar que el Consorcio acumulase varios ejercicios con la permisibilidad del gobierno de Romero que incluso ha estado participando en las reuniones para estos temas».
Así, el portavoz andalucista afirmó que «esto es un tema más de la incapacidad de la gestión económica de Romero, poniendo como ejemplo que sigue con los presupuestos de 2014 (va a cumplir el hito histórico de no aprobar ni un presupuesto en su legislatura), que el periodo medio de pago ha subido de 217,50 días del segundo trimestre de 2015 (cuando tomaron posesión) a 229,50 en el segundo trimestre de 2018 y 276,53 en el tercer trimestre de 2018 (último dato) o que según los informes de seguimiento de su plan de ajuste, incumplen gran parte del mismo».
Así, el portavoz andalucista aseguró que «Antonio Romero ha incumplido sus compromisos económicos (no trabajar con los bancos, adaptar las ordenanzas…) y que vende humo en la gestión económica».
FUENTE: Grupo Municipal Andalucista
