El delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha pedido hoy que se estudie de forma urgente la propuesta del Gobierno andaluz de comprar los terrenos en los que se asentaba la multinacional Delphi en Puerto Real para evitar el derribo de sus naves.
Después de que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz haya autorizado la demolición y desmantelamiento total de las construcciones, edificaciones e instalaciones que la empresa de automoción Delphi tenía en el Polígono Industrial El Trocadero de Puerto Real, el delegado ha señalado que este derribo sería una «pérdida de potencial para la Bahía».
Por ello ha explicado que el gobierno andaluz quiere que el Consorcio de Las Aletas, que gestiona un proyecto de polígono industrial en Puerto Real y preside el Gobierno central, se reúna de «forma urgente» para estudiar la oferta que ha hecho la Junta de adquirir estos terrenos para que sean gestionados dentro de esta infraestructura, porque dentro de ella el suelo sería «más atractivo» para los inversores.
López Gil ha pedido a las administraciones que gobierna el PP que apoyen esta iniciativa porque, si se aprueba de manera inminente, se podría debatir y negociar con el juzgado la autorización para el derribo de estas naves que Delphi abandonó hace siete años.
«Esperamos que se acepte esa oferta» y que de forma urgente, «la semana que viene», se tome una decisión «en firme» que, en su opinión, pondría «en valor» esos suelos y evitaría la imagen del derribo.
López Gil ha dicho que la Junta estudia también si es posible recurrir la decisión judicial.
De su lado el portavoz del PP de Cádiz, Rafael Ruiz Canto, ha insistido que el gobierno andaluz cumpla su compromiso de adquirir con recursos propios los terrenos, aunque esa formación quiere que en lugar de en Las Aletas se incluya en el parque empresarial «Tecnobahía», que gestiona la Junta y que «ya está desarrollado y en funcionamiento» y en el que «pueden adscribirse los terrenos de Delphi sin más demora».
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado (PA), también se ha pronunciado sobre esta decisión judicial para anunciar que el Ayuntamiento la recurrirá.
El Ayuntamiento considera que estas instalaciones tienen un valor de mercado que superan los 22 millones de euros y que deshacerse de ellas «sería un error».
Para la alcaldesa es «demostrable y constatable que el valor de los suelos es tan importante como las instalaciones existentes».
«Entendemos que la pretensión torticera de la administración concursal en ningún momento tiene en cuenta el futuro y el desarrollo de una zona industrial en beneficio de puestos de trabajo tan necesarios en nuestro pueblo y por extensión en la Bahía de Cádiz».
La alcaldesa ha asegurado que «teniendo en cuenta sólo las dos naves grandes, que rondan los 84.000 metros cuadrados, estaríamos hablando de que se pretende derribar una edificación que tiene un coste de entre 22,4 millones de euros y 28,8 millones de euros».
FUENTE: EFE
