La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha querido aclarar algunos aspectos en torno a la denominada por la Guardia Civil, ‘Operación Venel’, que ha sido posible con el trabajo de la Inspección de los Servicios Sanitarios de esta delegación, quien, a su vez, fue alertada por los propios hospitales universitario de Puerta del Mar y de Puerto Real de una serie de irregularidades en torno a la facturación de la prestación ortoprotésica a sus usuarios.
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Es en octubre de 2013, cuando la Dirección Económica Administrativa del centro portorrealeño solicita a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación una investigación relativa al campo de la ortoprótesis de los hospitales de Cádiz y Puerto Real, en virtud de un acuerdo de colaboración entre ambos para este tipo de actuaciones.
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Como consecuencia de la actividad inspectora en el Hospital de Puerto Real se elaboraron dos informes, uno de 3 de junio de 2014, en el que se señala una serie de irregularidades consistentes en una facturación por parte de una ortopedia, lo que supuso, entre otras actuaciones, la tramitación de un expediente sancionador a cuatro trabajadores del centro. Dichos expedientes, iniciados por la propia Dirección Gerencia del hospital, fueron paralizados, como es preceptivo, una vez que se inicia el procedimiento judicial.
Posteriormente, el 1 de octubre de ese año se realiza una ampliación del informe previo, que extiende las irregularidades a otras ortopedias, tanto de la provincia como de Andalucía. Inicialmente, las irregularidades se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional de San Fernando; posteriormente, el 21 de abril de 2015 se remitió un escrito a la Fiscalía Provincial de Cádiz. Fue el 16 de mayo de 2016 cuando la Guardia Civil inició la investigación judicial y, desde entonces, la Inspección ha colaborado hasta la conclusión del caso.
Por todo ello, cabe resaltar, que la Dirección Gerencia y el equipo del Hospital Universitario de Puerto Real han permitido detectar y poner en conocimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios las supuestas irregularidades y actuar contra los causantes, incoando expedientes sancionadores a los cuatro trabajadores que detectó que supuestamente estaban implicados en el fraude.
En este sentido, tanto miembros de la anterior Dirección Gerencia como de la actual, han acudido a declarar en calidad de intervinientes, conocedores del caso y denunciantes del mismo, como en cualquier otra investigación.
FUENTE: Junta de Andalucía
