El auto de la juez Mercedes Alaya en el que se imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha coincidido con la investigación que mantiene abierta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y, a su vez centra todas las informaciones sobre los acuerdos firmados en su momento con los ex trabajadores de Delphi.
Este auto se suma ahora al «caso Edu», en el que se investiga un presunto fraude millonario de desvío de ayudas y subvenciones para desempleados, ya que entre esos desvíos de dinero se hallan las subvenciones destinadas a formar y recolocar a los extrabajadores de la factoría de Puerto Real. Indicios policiales del «caso Edu» indican que Ángel Ojeda, exc0nsejero de Hacienda, se lucró con estas ayudas para formar y reciclar a la plantilla tras el cierre de Delphi.
Por otro lado, Mercedes Alaya en el auto de imputación de Antonio Fernández considera que otro acuerdo firmado para la reinserción de esta plantilla es irregular, según La Voz. En ese acuerdo la Junta de Andalucía se comprometía a la preparación de los extrabajadores además de atraer a la Bahía a nuevas empresas, a través de incentivos fiscales, que creasen puestos de trabajo. Finalmente todas estas gestiones no llegaron a buen puerto, como demuestra el también investigado por desvío de dinero público Plan Bahía Competitiva, del que presuntamente se habría lucrado un empresario de Galicia que no llegó a crear puesto de trabajo alguno en la bahía. Asimismo, la juez cree necesaria la investigación de estos acuerdos ya que considera que podrían hallarse fuera de la legislación.
Por su parte los extrabajadores han recibido de modo muy positivo la decisión de Alaya y creen necesario que se aclare si los acuerdos contenían algún tipo de irregularidad. Piden que los responsables institucionales sean responsables y asuman las consecuencias de los actos pero sin olvidar que con ellos se acordó una recolocación y que ésta debe ser cumplida.
Como añadido hay que destacar que, además de la investigación de Mercedes Alaya y del «caso Edu», otra denuncia ha sido elevada al Tribunal Supremo en la que se deberá aclarar si la Junta debe ser sancionada por los incumplimientos.
