El delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu, ha informado hoy de que se han movilizado en Cádiz 61,6 millones de euros para ofrecer una respuesta social por parte de la Junta de Andalucía a la crisis vivida a causa del coronavirus durante los últimos cuatro meses, con el objetivo de atender las necesidades de la población más duramente afectada.
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En concreto, Andréu ha desglosado esta cantidad en 43,7 millones de euros para prestaciones y servicios de la Dependencia, como son: prestaciones económicas (11,6), ayuda a domicilio (11,4), atención residencial (15,2), y centros de día (5,2), entre otros.
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Con estos pagos, el delegado ha explicado que “se ha mantenido la atención adaptándola a la nueva situación, pero también se ha contribuido al mantenimiento del empleo en este sector”. Esto ha sido posible por las medidas puestas en marcha como las impulsadas en los centros de día, donde “hemos garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales. Se trata de una medida orientada a proteger a las empresas y a garantizar la permanencia de la plantilla de trabajo”. En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.
Junto a las ayudas en Dependencia, Andréu ha indicado que se puso en marcha un primer plan de emergencia social frente a COVID-19 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que supuso una inversión de 10,4 millones de euros en la provincia gaditana, con medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la Tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento del 20 por ciento para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario.
A lo anterior, ha continuado el responsable territorial, recientemente se ha unido la publicación de la Orden para la distribución de 5,1 millones de euros entre las entidades locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios, así como la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 2,3 millones, destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (ERACIS).
“Todo ello ha permitido que en junio se haya alcanzado en la nómina de la Renta Mínima la cifra de 2,7 millones de euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. En concreto, esta ayuda ha beneficiado en junio a 2.541 familias gaditanas. También está previsto que la Tarjeta Monedero llegue a cerca de 3.300 familias en toda la provincia de Cádiz”.
“En definitiva, todo un ingente conjunto de medidas con el fin de dar respuesta a una situación excepcional en un momento de emergencia sanitaria y social sin precedentes”, ha apuntado Miguel Andréu.
Nuevo sistema de atención social y sanitario
El delegado también se ha referido a que la consejera, Rocío Ruiz, ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para aprobar una nueva Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y dar respuesta a un situación de parálisis heredada de 13 años; y trabaja en la modificación de la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social, “con el objetivo de aumentar la protección a la infancia, proteger a los menores extutelados y al resto de adolescentes en situación de exclusión social, así como atender al resto de colectivos vulnerables que el Ingreso Mínimo Vital del Estado ha dejado fuera”.
Con el objetivo de ampliar la cobertura de la Renta Mínima a la población andaluza, ha informado de un plan de choque para dotar de personal a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y solventar el colapso y los retrasos en esta prestación y en las Pensiones No Contributivas.
Finalmente, se ha referido al inicio de las escuelas de verano en zonas desfavorecidas para la atención a niñas y niños entre 3 y 15 años.
“Por nuestra parte, hemos atendido las primeras necesidades que se han presentado en esta crisis, a la vez que estamos trabajando en una mejora integral de las políticas sociales con el fin de aumentar, a medio y largo plazo, su cobertura y protección para las personas que lo necesitan”, ha concluido.
FUENTE: Junta de Andalucía
