La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real ha querido alertar del «incumplimiento en materia de residuos en el que se encuentra el Ayuntamiento de Puerto Real».
Así, Aurora Salvador señala que «la falta de actuación en una cuestión tan importante como el cumplimiento de la Ley de Residuos con la puesta en marcha del quinto contenedor y la ausencia de medidas para su aplicación va a costar de 500.000 € a 700.000 € al Ayuntamiento y por tanto a la ciudadanía puertorrealeña. Las prioridades de nuestro Ayuntamiento no pueden quedar en lo visual, como la entrega de pescaíto frito en carnaval; resulta llamativo que haya 15 mil euros para esto y no haya dinero para la compra de contenedores. La gestión no puede ser día a día o cada vez que haya una fiesta o tablao».
Aurora Salvador, candidata a la alcaldía por la Confluencia, explica que «desde julio del pasado año ya se debería haber implantado el quinto contenedor para la recogida de biorresiduos* como marca la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Desde el Ayuntamiento se anunció un ‘proyecto piloto’ en Marina de la Bahía en el que se informó de la colocación de 4 contenedores a modo de prueba. Que hasta ahora solo se hayan instalado cuatro contenedores es del todo insuficiente. Además, colocarlos sin ningún sistema de control y sin que estén maduras las necesarias campañas de sensibilización que deben hacerse puede provocar que el contenedor marrón se convierta en un contenedor gris más, con un porcentaje de impropios que haga inútil su implantación».
«Es evidente que el gobierno municipal se ha dormido en los laureles en este asunto, como en tantos otros, a pesar de que esta normativa se conocía desde mucho antes de su puesta en vigor. La aplicación de esta normativa requiere de un proceso fuerte de maduración y concienciación y no va a conseguirse de un día para otro. El trabajo debió empezarse hace mucho tiempo. Este incumplimiento no sólo es un estropicio ambiental, también va a suponer un potente perjuicio económico para el Ayuntamiento. La nueva ley impone obligatoriamente a partir de este año 2023 el ‘Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos’, con un importe de 40 € o 30 € por tonelada, en función de si se trata respectivamente de residuos directamente vertidos o con un tratamiento previo de separación. Esto para el municipio de Puerto Real va a suponer un coste anual que va a oscilar entre los 500.000 y 700.000 €. Eso sin contar lo que ya se paga a Biorreciclaje, la empresa que gestiona la planta de Miramundo, que se acerca al millón de euros».
La Confluencia pide también «colaboración a la ciudadanía» para que la adaptación de la Ley «sea lo más diligente posible y no suponga un destrozo económico para las arcas municipales. De esta forma, al margen del toque de atención al gobierno municipal, que hace muy poco que ha aprobado un endeudamiento de la empresa municipal GEN para la compra de los contenedores, también queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía puertorrealeña».
Por su parte, José Antonio Montilla, miembro de la Confluencia y concejal en el Ayuntamiento, indica que «el argumento que se escucha alguna vez en la calle, de que como ya pagamos una tasa no nos pueden obligar a reciclar es totalmente dañino para la ciudad. El tratamiento de un residuo separado es muchísimo más económico que gestionarlo todo mezclado. La buena gestión de los residuos debe ser una corresponsabilidad entre ciudadanía y administración. Y si la ciudadanía no cumple la gestión de los residuos será un auténtico sumidero de fondos públicos que podrían emplearse en otras de las muchas necesidades de la ciudadanía. Por el contrario, si la ciudadanía responde, en un futuro se podrían incluso ajustar las tasas, ya que la gestión de los residuos no solo costaría menos dinero sino que podría generar ingresos para la hacienda municipal. Pero para que la gente contribuya es indispensable que el Ayuntamiento demuestre su implicación por la mejora de un servicio que no es satisfactorio para la ciudadanía, y ponga a su disposición los medios necesarios. Y en esto está fallando el Ayuntamiento de Puerto Real. Ya sea al no implantar de manera completa el quinto contenedor o con él lamentable ejemplo del Punto Limpio de Casines, que ha estado cerrado más de un año hasta su reciente reapertura», finaliza.
*Biorresiduo (definición de la nueva Ley de Residuos): residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.
FUENTE: Confluencia de Izquierdas de Puerto Real por la Bahía de Cádiz
