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jueves, 19 diciembre, 2024
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La CGT denuncia que la Junta de Andalucía favorece a la enseñanza privada

 

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Destacan el cierre de la Escuela Pública Infantil Nª Sra. del Carmen, de San Fernando, la pérdida de la línea de tres años en el CEIP Gadir de Cádiz, y la supresión de decenas de unidades en centros públicos mientras se mantienen todos los conciertos educativos con centros privados. Se quejan de que, en cambio, la Junta de Andalucía mantiene todos los conciertos con Centros Privados, incluso aunque cambien de titularidad hacia fundaciones integristas, como el Colegio Juan Pablo II y el Santo Ángel de Puerto Real.

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Un año más, en este 2015-2016, se han cerrado numerosas unidades en los centros educativos de la provincia de Cádiz, en cambio se han mantenido todos los conciertos con centros privados. Es decir la bajada de natalidad que se viene produciendo en los últimos años se está repercutiendo toda sobre los centros públicos, con la consiguiente pérdida de unidades, despido de profesorado e incluso cierre de centros.

Ya en junio desde Marea Verde se denunciaba la previsión de numerosos cierres de líneas públicas para el curso actual (lo que viene siendo constante desde hace años): EI Nuestra Sra. Del Carmen (San Fernando): Supresión de tres líneas de 4 años, sumadas a las tres unidades de 3 años del curso pasado. Dentro de un curso escolar se prevé  el cierre del centro, que posee unas fabulosas instalaciones y una trayectoria de más de cuarenta años. E.I Las Dunas (Puerto de Santa María): Se anuncia supresión de una unidad de 3 años para el curso 2016/2017, con el propósito de cerrar esta escuela, a pesar de contar con matrícula suficiente año tras año. En Puerto Real hay doce alumnos/as que han solicitado plazas en centros públicos y han sido derivados a un centro confesional ultrarreligioso, en contra da la voluntad de sus padres y madres, debido a la insuficiente oferta de plazas en colegios públicos. Parece que, finalmente, la Delegación ha accedido a abrir una unidad más en el CEIP Arquitecto Leoz, pero el problema no está resuelto. Faltan plazas en centros públicos, y seguirán faltando a no ser que se construya un NUEVO COLEGIO PÚBLICO C2 EN EL BARRIO DE CASINES. Hace dos años cerraron una unidad en el CEIP Trocadero, que contaba con tres unidades de 3 años y ahora tiene solo dos, cuando cuenta con espacio y personal de sobra, a la vez que abrían dos unidades de 3 años en La Salle de Puerto Real. CEIP Las Albinas (Chiclana), supresión de una unidad de 3 años. CEIP Isabel La Católica (Chiclana), supresión de una unidad de 3 años. CEIP Elio Antonio de Nebrija (Jerez), supresión de una unidad de 3 años. CEIP La Unión (Jerez) supresión de una unidad de 3 años. CEIP Sagrada Familia (Jerez). Solo puede ofertar una unidad de 3 años, a pesar de haber hecho obras para ampliar el centro. CEIP San Vicente de Paúl (Jerez). Pierde una unidad de 3 años, se hace una unidad mixta de 3 y 4 años. CEIP Sericícola (Puerto de Santa María) Pierde una unidad de 3 años. CEIP Juan Armario (Alcalá de los Gazules) Pierde una unidad de 5º. CEIP El Vaporcito (Puerto de Santa María) Pierde una unidad de 3 años. CEIP Doctor Thebussem (Medina Sidonia) Pierde una unidad de 3 años. CEIP Gadir (Cádiz) Supresión de una unidad de 3 años, les hacen un aula mixta de 3 y 4 años.

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Esta lista no es exhaustiva por lo que emplazamos al Señor Delegado a que haga público el número de líneas (y los centros afectados) que se han cerrado finalmente este curso. De ellos hay tres ejemplos que nos parecen especialmente significativos:

  1. La Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Este año se han suprimido sus tres líneas de 4 años lo que supondrá, si no conseguimos pararlo entre todos, el cierre definitivo del centro el curso próximo. Es inexplicable la decisión de cerrar un centro como éste que posee unas fabulosas instalaciones y una trayectoria de más de cuarenta años, que cuenta con un gran prestigio en la localidad y con enorme demanda de solicitud de sus plazas, a pesar incluso de que el Ayuntamiento y el propio Parlamento Andaluz han pedido su mantenimiento. Todavía estamos a tiempo de impedirlo, solo hace falta voluntad y verdadera defensa, con los hechos y no con las palabras, de la escuela pública.
  2. El CEIP Gadir de Cádiz. Este curso ha perdido una línea de tres años, que se integra en una sola línea mixta para 1º y 2º de infantil. Hecho preocupante puesto que, de continuar, podría poner en cuestión la viabilidad a medio plazo del centro. Centro, por cierto, con muy buenas instalaciones, lo cual no es, desgraciadamente, habitual en la ciudad de Cádiz: tiene comedor de gestión propia, programas como ciencia divertida, proyecto de huerto, pionero en el bilingüismo… En este caso es de destacar el hecho de la nefasta planificación educativa que ha ofertado en la ciudad de Cádiz muchas más plazas de las necesarias 1075 de 3 años para solo 888 peticiones (el año anterior habían sido 930 peticiones) lo que lleva a una nefasta competición por conseguir alumnado en un contexto de concentración de centros privados concertados. ¿Vamos a permitir que cierre un centro público en la ciudad de Cádiz? ¿Otro más?
  3. Comparemos estos casos con el trato recibido por el Colegio privado concertado Santo Ángel de Puerto Real. Este centro acaba de renovar su concierto con la administración puesto que ha sido adquirido por una empresa diferente de la que había firmado el concierto vigente, lo que por tanto exime de cualquier compromiso legal para la administración sobre el mantenimiento del mismo. Dicho centro está situado próximo a el centro público El Trocadero al que se le han cerrado líneas en los últimos años, como consecuencia, por cierto, de la creación de un nuevo concierto de infantil con otro centro privado de la localidad (La Salle), justificado en una presunta sentencia que obligaba a la administración que nunca nadie ha visto porque no existe.  Pues bien, el Colegio Santo Ángel he tenido muy pocas solicitudes de matrícula y se le derivó alumnado que había solicitado centros públicos, pero que se habían quedado fuera (hay que decir que hace años que está previsto construir un nuevo cole público en Puerto Real y sigue sin tener visos de llevarse a cabo en corto plazo). Solo tras interponer los padres y madres un recurso de alzada parece que han sido reubicados en centros públicos. ¿Cuántos alumnos que no habían solicitado este centro finalmente han sido reubicados en él?.

Es necesario destacar también que los actuales propietarios del centro  son la fundación integrista católica Educatio Servanda (curiosa Fundación presidida por un constructor que es quien construye sus propios colegios) que ha cambiado de nombre al colegio, añadiéndole Juan Pablo II, que recoge en su ideario que inculcará al alumnado valores cristianos y que en su página web defiende abiertamente la segregación por sexos en la educación. Fundación envuelta en sospechas por haber sido favorecida por la imputada exconsejera de educación del gobierno madrileño Lucía Fígar por presuntamente hacer un negocio con los conciertos educativos con centros privados a costa de la escuela  pública.

Estos ejemplos muestran el desinterés Gobierno Andaluz y la Delegación de Educación de Cádiz por la defensa de la escuela pública. El presunto blindaje legal de los conciertos no es más que una excusa para intentar ocultar dicho desinterés,  puesto que no podemos olvidar de que la legislación que lo sustenta es obra en gran parte (y en cualquier caso ha podido cambiar esa legislación y no lo ha hecho) del partido que gobierna en Andalucía y lo ha hecho durante mucho tiempo en el conjunto del estado. Pero además no está claro que eso sea así inevitablemente, hay espacio dentro de la legislación vigente para una defensa más decidida de la escuela pública. Desde este sindicato nos ofrecemos a dar a la administración argumentos legales, si es necesario. Por ejemplo que se vigile el cumplimiento de los conciertos en lo relativo a que la educación debe ser gratuita: hay numerosas denuncias de cuotas «voluntarias» que no lo son tanto. ¿Investiga inspección educativa estos hechos? En el caso del Santo Ángel numerosos padres lo han denunciado y la Delegación se ha limitado a sacar una nota diciendo que no se debe cobrar, ¿no debe investigar si esto se está produciendo y si es así suprimir el concierto? ¿No debe hacerse esto con todos los centros concertados? Podría ser interesante ver los porcentajes de alumnado que pagan las diversas cuotas «voluntarias» o entrevistarse con padres para indagar…

FUENTE: CGT

Redacción
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