El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, ha defendido la capacidad y solvencia de los astilleros de la Bahía de Cádiz y ha mostrado su «preocupación» ante las informaciones a las que ha tenido acceso sobre un posible plan para invertir «1.000 millones de euros» en un nuevo «mega astillero en el norte» de carácter público.
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En una rueda de prensa para valorar la contratación de los petroleros Suezmax y el traslado de carga de trabajo de Puerto Real (Cádiz) a Ferrol, Sánchez Rojas ha dicho que en ningún caso cuestionaría el futuro astillero si se tratara de un inversor privado, pero sí si es de carácter público, tal y como le han trasladado «varias fuentes de probada solvencia».
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Y es que, según ha manifestado, «si a Navantia le saliera el trabajo por las orejas» se entendería que hiciera cuantos astilleros quisiera en el lugar que desease, pero no que «se empiecen a cuestionar desde la empresa pública una inversión para un mega astillero en el norte» cuando tiene «capacidad para contratar con calidad y eficacia en el sur».
Al hilo de ello, el presidente de los empresarios gaditanos ha defendido que los índices de absentismo de los astilleros de la Bahía de Cádiz «son los menores del grupo Navantia», a lo que ha añadido que los índices de productividad son «referentes en todas las plantas» y que los de accidentalidad y conflictividad «son los más bajos».
También ha resaltado que el astillero de Puerto Real es «el más eficiente y capaz» en materia de construcción en la Bahía gaditana, siendo además «uno de los tres astilleros más grandes de Europa». Por ello, recibe con «preocupación» las noticias sobre el posible proyecto del nuevo astillero «en el norte» por parte de la empresa pública.
Todo esto llega en un momento en el que Navantia plantea el traslado a Ferrol de parte de la carga de trabajo del segundo petrolero prevista en Puerto Real, lo que ha criticado teniendo en cuenta que la compañía ha estado «más de un año con las negociaciones».
Sánchez Rojas ha dejado claro que no hay una oposición a que haya un reparto de la carga de trabajo entre los distintos centros, pero ha tildado de «intolerable» que se pretenda por parte de la compañía «echar a pelear» a la industria auxiliar de la Bahía gaditana con la de cualquier otro sitio de España.
Términos «inaceptables»
Asimismo, el presidente de la CEC ha criticado la «falta de comunicación y de respeto a los trabajadores de la industria naval auxiliar y a los trabajadores de Navantia de la provincia de Cádiz», máxime cuando se tiene la «certeza» de que los contratos de los petroleros se han negociado «en unos términos económicos inaceptables y por debajo del precio del mercado».
En este punto, Sánchez Rojas ha hecho referencia a un estudio publicado por la Facultad de Náutica de Barcelona sobre los petroleros. Así, frente a los 60 millones de euros y 750.000 horas de trabajo por los que Navantia ha contratado cada barco, el precio real de cada uno sería de 114 millones de euros y 1,5 millones de horas de trabajo, según el estudio.
En cuanto a los datos «reales» de acero por barco, ha detallado que Navantia ha licitado por 6,8 millones cuando «el valor real estimado es de 22 millones», lo que supone «una desviación superior al 300 por ciento». Respecto al armamento -mecánica- de cada buque, Navantia ha licitado por algo más de tres millones, cuando «el valor real estimado es de ocho», lo que implica «una desviación superior al 250 por ciento».
La conclusión es que «la valoración de Navantia implica importantes desviaciones respecto al coste real», encontrándonos ante «contratos imposibles de defender económicamente para la industria auxiliar», que está incurriendo en «importantes pérdidas» y se está poniendo así «en gran riesgo» al tejido industrial de la Bahía».
A juicio de Sánchez Rojas, «si Navantia ha contratado barcos por debajo de lo que debería, alguien de Navantia tendría que pagarlo, pero no la industria auxiliar». Tras apuntar que «los petroleros no se pueden construir a costa de la industria auxiliar con precios y ritmos coreanos en la Bahía de Cádiz», ha apremiado a la cúpula de Navantia a explicar «cómo y por qué se ha llegado a esta situación».
Asimismo, la CEC se ha preguntado cómo plantea Navantia sacar adelante este tipo de contrataciones en otras zonas de España, por lo que se cuestiona si las auxiliares de Galicia cuentan «con alguna vía de compensación que desconozcamos», lo que supondría que «están compitiendo con nosotros con alguna ventaja cuestionable» por «oculta».
Además, «si de verdad Navantia ha agotado la posibilidad de hacer esos trabajos en la Bahía», se ha preguntado «cómo va a explicar o justificar los costes añadidos» del proyecto por el transporte y la logística del traslado a otro astillero.
«Trampa» a los trabajadores
El presidente de la CEC ha pedido a los trabajadores del sector naval que, antes de agotar otras vías, «no caigan en la trampa de tomar las calles» y de entrar en el «conflicto», ya que ello daría pie a «intentar desacreditar como territorio» a la Bahía de Cádiz «desde algún alfombrado despacho».
Sánchez Rojas, que ha exigido a Navantia que aclare «qué pretende hacer con las plantas de la Bahía», ha reclamado que en la cúpula de la empresa pública haya «mayor presencia andaluza» para que mire «con mayor sensibilidad» a este territorio.
Finalmente, ha reprochado a la clase política que se hayan limitado a «tirarse los trastos» en las últimas fechas y no se haya escuchado «una voz calara y rotunda en defensa de Andalucía» y de su industria naval. Por ello, ha apelado a los distintos partidos políticos a que «hagan algo por sentarse con la SEPI y Navantia» y a «unirse» por el interés de la zona.
