El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha propuesto este lunes retener subvenciones y ayudas públicas y su participación en los tributos de la comunidad a aquellas entidades locales que no hagan la efectiva rendición de la Cuenta General, así como también la imposición de multas coercitivas para sus responsables, medidas que, según ha apuntado, ya se aplican en otras comunidades y que podrían elevar el nivel de rendición de cuentas «en un 30 o 40 por ciento».
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Así lo ha indicado López durante su intervención en la comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz, en el marco de un debate general sobre los informes especiales realizados por la Cámara de Cuentas en relación a la rendición de cuentas del sector público andaluz en los ejercicios entre 2012 y 2015.
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Según los datos aportados, en el ejercicio 2015 como mayores incumplidores entre los ayuntamientos de mayor población, destacan: El Puerto de Santa María, Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz; Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga; Carmona y Écija, en la provincia de Sevilla, que no han rendido los últimos tres ejercicios; Cádiz y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz; Almuñécar, en Granada; y San Juan de Aznalfarache y Utrera en Sevilla, que no han rendido ni 2014 ni 2015.
El responsable de la institución ha considerado «tremendo» que en el año 2015 sólo presentaran en plazo sus cuentas un 18 por ciento de las entidades locales andaluzas, una cuestión que, en su opinión, será «realmente grave» si pasa desapercibida o se convierte en algo habitual. Y es que, según ha defendido, «la falta de rendición de cuentas es un ataque a la democracia».
Para López, se hace necesario condicionar la obtención de subvenciones y ayudas públicas a que se remitan las cuentas, una medida que ya se aplica en Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón, y que ha sido «medicina santa» en aquellos lugares donde se ha impuesto. En Cataluña, según ha precisado, se retiene la participación en los tributos de la Comunidad. En todos los casos, las retenciones se realizan a quienes no cumplan en plazo y cuando cumplan se les entregan.
Tras apuntar también que estas medidas pueden llevarse a cabo a través de modificaciones normativas en la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía o en los Presupuestos de la Junta, López ha señalado que las multas coercitivas a los responsables en los supuestos de que no se rinda se aplican en comunidades como Castilla y León, Asturias o Galicia, complementariamente con las retenciones.
López, que ha advertido de que la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia todavía no está imbuida en nuestras entidades locales, ha insistido en que las medidas mencionadas han dado «resultados evidentes» en otras comunidades. Asimismo, ha considerado que «no hay excusas» para que ayuntamientos de más de 50.000 habitantes no rindan cuentas, dado que no pueden argumentar falta de medios como los pequeños ayuntamientos.
Entre otras recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas se encuentran fortalecer la asistencia y el asesoramiento de los municipios y especialmente a los de menos de 1.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales; así como también que las entidades locales han de iniciar la liquidación de aquellas entidades instrumentales deficitarias y sin actividad y culminar los procesos de disolución de las sociedades en liquidación.
La institución considera conveniente reducir y homogeneizar mediante las reformas legales pertinentes, los plazos de tramitación y rendición de la Cuenta General de las entidades locales, estableciéndose como fecha recomendada para llevar a cabo dicha rendición la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran, con las adaptaciones y los periodos transitorios que sean necesarios para que su implantación se efectúe de una manera realista y efectiva.
Además, insta a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional; y a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales.
Generalización de la prórroga de los presupuestos
Previamente, López ha explicado que la aprobación del presupuesto general para el siguiente ejercicio, ha de tener lugar antes del 31 de diciembre de cada año, salvo prórroga. Ha destacado que las entidades locales utilizaron, de manera «generalizada», la técnica de la prórroga presupuestaria, ya que el plazo para la aprobación del presupuesto se cumple en 2012 por el 11% de las entidades que rindieron la Cuenta General, en 2013 por el 20%, en 2014 el 17% y en 2015 el 10%.
En su opinión, el no atender los plazos marcados en la legislación en cuanto a la elaboración y aprobación del presupuesto evidencia «carencias» en la planificación de la actividad municipal, que limitan la utilidad del presupuesto como instrumento necesario para la ejecución de una gestión municipal ordenada, transparente y sujeta al ordenamiento jurídico.
Por lo que respecta al estado de liquidación del presupuesto en el ejercicio 2015, el 62% de las entidades que ha rendido la Cuenta General aprueba en plazo la liquidación del presupuesto, mientras que el 38% no. De las 163 entidades que no han cumplido con el plazo, el 86% (140) realiza el trámite antes de la finalización del primer semestre de 2016, mientras que el 14% (23) de las entidades lo hace con posterioridad.
Recomendaciones de los Grupos Andaluces
En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A Daniel Campos ha defendido que los ayuntamientos pequeños cuentan con pocos medios para trasladar la documentación requerida y la inestabilidad laboral de los interventores adscritos a los ayuntamientos. Ha lamentado que muchas corporaciones locales hayan aprovechado la crisis como «argucia» para no aprobar los presupuestos o para prorrogarlos, destacando que los nuevos partidos que han aparecido desde 2011 no han contribuido a aportar soluciones «muy creativas» en la relación a la financiación de los ayuntamientos, sino que se han puesto «de perfil».
Por parte del PP-A, María de la O Redondo ha dicho que no se puede consentir que el nivel de rendición de cuentas haya ido a menor entre 2012 y 2015, por lo que los grupos parlamentarios deben hacer los «mayores esfuerzos» para conseguir que se lleven a cabo las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas. A su juicio, el «clarísimo abuso» de la prórroga de los presupuestos, que debería ser una excepción, evidencia «la falta de planificación de la actividad municipal y pone en peligro una ejecución planificada, transparente y sujeta a normas».
Para la diputada de Podemos Carmen Lizárraga, el problema de la rendición de cuentas se está convirtiendo en «estructural» en los ayuntamientos, lo que requiere de «mecanismos eficientes» que palien la situación. Ha lamentado que la Cámara de Cuentas no ocupe el lugar que debería, dado el «gran retraso» en el debate de sus informes. Ha reclamado una solución a esta cuestión y ha propuesto comisiones extraordinarias para debatir los informes, dos comisiones de Hacienda al mes en lugar de una o comisiones extraordinarias.
Finalmente, el diputado de Cs Carlos Hernández ha considerado «sonrojantes y avergonzantes» para los representantes públicos los niveles de cumplimiento y publicación de las cuentas por parte de las corporaciones locales andaluzas y ha apostado por mejorar los canales de comunicación con estas entidades para los índices de rendición sean mejores. Según ha indicado, los grupos políticos y el poder legislativo tienen que «ponerse las pilas» para atajar esta situación.
FUENTE: EP
