La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha intervenido hoy en el encuentro de presidentes de Diputaciones andaluzas erigiéndose en portavoz de una de las grandes reivindicaciones de las Administraciones locales, que pasa porque el Gobierno de España elimine la regla de gasto «que asfixia a ayuntamientos y diputaciones». Precisamente, como ha recordado Irene García, en el Pleno Ordinario de este mes de enero en la Diputación de Cádiz se aprobó una moción a través de la que se insta al Gobierno central a suprimir la regla de gasto.
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Según los datos que se han expuesto en la reunión, en torno al 70 por ciento de las corporaciones locales andaluzas tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros -y 7.000 millones de euros a nivel nacional-, pero se ven obligadas a tenerlo en los depósitos bancarios «porque se impide que se destine a crecimiento económico o mantenimiento de los servicios públicos, en lugar de destinarlos a las actuaciones que cada entidad considere más beneficiosas para sus vecinos y vecinas». En ese sentido, Irene García ha hecho una defensa de la autonomía municipal a la hora de fijar libremente el destino de los respectivos remanentes positivos de tesorería.
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Según se ha indicado en el transcurso del encuentro, «creemos que no es normal que aquellas administraciones que hacen bien su gestión no podamos reinvertir ese dinero para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo. Y ya que hemos cumplido, soportando parte del desequilibrio de las cuentas estatales, ahora toca eliminar la regla de gasto».
También en esta línea, la presidenta de la Diputación de Cádiz ha lamentado “que el Gobierno haya ligado el uso de esos remanentes positivos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuando sabemos que sólo es necesario un acuerdo del Consejo de Ministros para hacer posible que el cambio que reivindicamos sea efectivo”. El objetivo de esta reclamación no es otro que “generar empleo, que es nuestra prioridad en el Gobierno de la Diputación de Cádiz, como demuestra el hecho de que en sólo tres años hayamos puesto en marcha planes específicos –refiriéndose a las cuatro ediciones del Plan de Cooperación Local y las dos del Plan Invierte- que han puesto en circulación más de 40 millones de euros en toda la provincia para crear empleo y mejorar las infraestructuras y servicios de nuestros municipios”. “Esta cifra –ha añadido- hubiese sido aún mayor si no hubiésemos tenidos las restricciones impuestas por el Gobierno a la hora de usar nuestro superávit”.
Este asunto ha sido uno de los principales de cuantos se han tratado en el foro en el que han participado los responsables de las diputaciones de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, reunidos hoy en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría, dentro de los encuentros periódicos que mantienen para abordar cuestiones de interés común. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado que la elección del lugar «significa sumarnos a la conmemoración del 75 aniversario de la historia de William Martin, que ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de la Nación y con la que Punta Umbría reivindica y recuerda su legado inglés».
Por otro lado, el frente común de las diputaciones andaluzas también exigirá al Gobierno de la Nación que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía y que promueva a la mayor brevedad posible una iniciativa legislativa de reforma de este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional.
Según el presidente de la Diputación de Huelva, muchos ayuntamientos de Andalucía e incluso de España, a expensas de la modificación de la actual ley que regula el Impuesto de valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocido como plusvalía- han modificado la recaudación de este impuesto, bajándolo o suspendiendo su aplicación para no perjudicar a los contribuyentes. «La consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de ingresos para las arcas locales, lo que puede derivar en la merma de los servicios públicos», ha indicado Caraballo, asegurando que los ayuntamientos se ven obligados a tomar esta medida «al considerar que se trata de un impuesto injusto, ya que cuando compras, heredas o te donan algún terreno en suelo urbano, no sólo tienes que pagar el IBI de la parcela, sino también el impuesto de sucesiones y la plusvalía del terreno».
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha expuesto algunos datos que demuestran la importancia de este impuesto para los ayuntamientos de la provincia. Sólo en el año 2017 se recaudaron en la provincia 6,4 millones de euros con el impuesto de plusvalía, lo que supone un 1,5% del total recaudado en los municipios que gestiona el Servicio Provincial de Recaudación (todos a excepción de Cádiz, Jerez y Rota). Los perjuicios económicos para los municipios en caso de dejar de cobrar las plusvalías, o más aún, si hubiera que devolver cantidades ya cobradas, serían graves. En municipios como Puerto Real, el cobro de este impuesto supuso el pasado ejercicio el 6,33% de la recaudación total. Otros porcentajes significativos son los de Chiclana, donde supuso el 3,74%, o La Línea de la Concepción, con un 2,85% del total, según los datos que maneja el Área de Servicios Económicos de la Diputación, dirigida por Jesús Solís.
Ante esta “injusticia” -avalada por el Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos del RD Legislativo 2/2004- las diputaciones exigen al Gobierno Central la compensación a los ayuntamientos del cien por cien de las devoluciones que tengan que realizar por resolución judicial ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de forma indebida. Asimismo y hasta que se publique la nueva normativa, piden que el Ministerio de Hacienda y Función Pública envíe una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse hasta la aprobación de la nueva ley.
Otro de los asuntos que se han abordado es la fuga de entidades financieras de las zonas rurales, donde en los últimos años se ha reducido más de un 30 por ciento el número de oficinas «y donde se prevé que el ajuste más duro aún está por llegar». Los representantes de las diputaciones consideran que «además de destrucción de empleo este ajuste va a suponer importantes efectos directos e indirectos sobre el bienestar de los vecinos y vecinas». Por eso han expresado a los bancos que operan en las provincias representadas la oposición ante la anunciada reducción del número de oficinas, por los efectos perversos de la llamada “exclusión financiera” y piden al Gobierno de España a que legisle garantizando la bancarización de los entornos rurales, contribuyendo así, a la cohesión social y territorial de las provincias y a la defensa del mundo rural.
En el encuentro, los presidentes de las Diputaciones también han abordado las nuevas ayudas de la Junta a la mejora de los caminos rurales de titularidad pública, destacando «el importante impulso del Gobierno andaluz y de las diputaciones provinciales a la cohesión territorial y agrícola a través de estas ayudas». Los beneficiarios de esta convocatoria son los propios ayuntamientos. Un 60 por ciento de la inversión de cada iniciativa será aportada por la Junta, que asciende a 5 millones de euros, procedente de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, mientras que el 40 por ciento restante se completará con fondos procedentes de la Diputación y de los propios ayuntamientos hasta alcanzar el cien por cien de los proyectos.
FUENTE: Diputación de Cádiz
