La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, ha participado este martes en una nueva reunión de la Comisión sobre la seguridad del cableado eléctrico del Río San Pedro, a la que también han asistido, entre otros, el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández; el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero; el subdelegado del Gobierno Central en la provincia, Agustín Muñoz; así como representantes de la Delegación Territorial de Salud, Adif, Puertos del Estado, Endesa y la plataforma de vecinos Río San Pedro, principalmente. Durante el encuentro de hoy, se han presentado los resultados de un informe técnico a cargo de la Consejería de Salud, según el cual no está certificado que los campos electromagnéticos ocasionen efectos adversos significativos para la salud en los niveles que presentan los campos del Río San Pedro.
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Pese a esto, la representación de vecinos de esta barriada puertorrealeña solicitan una solución conjunta de todas las partes implicadas respecto a este cableado, aunque ésta presente un carácter preventivo. En este caso, y teniendo en cuenta los informes aportados por Salud, la actuación ya no reviste el carácter de urgencia que habría adquirido de probarse que la línea de alta tensión estaba perjudicando la salud de los ciudadanos.
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En el trascurso de la reunión de este martes, se han puesto sobre la mesa dos opciones respecto a la demanda vecinal sobre el cableado. Por una parte, desde la Delegación Territorial de Fomento de la Junta, su propio delegado ha expuesto cómo alternativa el soterramiento de este cable aprovechando las obras del tranvía para la zona. Dicha opción está presupuestada y es viable para la Administración autonómica, si bien se trataría de una solución no prevista en el corto plazo cuya fecha, por el momento, no se puede determinar con exactitud.
Por otro lado, también se ha analizado la posibilidad de desviar la línea a raíz del futuro tren que llegara hasta el Bajo de la Cabezuela. Sobre este particular, tanto Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento) como Puertos del Estado consideran que no se trata de una opción viable, al ser la de la Cabezuela una obra a punto de licitarse que, en caso de incluir el desvío del cableado, ralentizaría mucho los plazos previstos por estas entidades, podría tener impacto sobre la seguridad ferroviaria, encarecería los costes, haría incompatible la explotación ferroviaria e incluso podría originar problemas con la financiación prevista para la obra. En este sentido, también Endesa, que es la empresa distribuidora, rechaza esta alternativa.
La Comisión ha acordado que la plataforma de vecinos afectados conozca en profundidad la opción trasladada desde la Delegación de Fomento de la Junta, mientras que la Delegación Territorial de Economía se ha ofrecido como intermediaria para distribuir los informes de Adif de cara a su mejor conocimiento por parte de todos los implicados con esta instalación eléctrica del Río San Pedro.
El subdelegado del Gobierno Central, Agustín Muñoz, ha aprovechado este foro, con todas las partes a las que afecta el cableado, para solicitar a la plataforma vecinal que contribuya a reducir la alarma social entre la población a raíz del informe de Salud.
Asimismo, desde la Delegación Territorial de Salud se ha abordado la imposibilidad de realizar otro informe específico sobre el Río San Pedro al no darse en ese territorio una muestra poblacional suficientemente representativa, ni por volumen ni por su permanencia en el tiempo, que avale los resultados de dicha investigación. El estudio aportado este martes por su parte es fruto, a su vez, de muchos informes de distintas instituciones, incluso internacionales, que sí que prueban con rigor científico sus conclusiones.
Cabe recordar que esta Comisión celebró el primero de sus encuentros el 18 de enero. El foro nace como resultado de una Proposición no de Ley del Grupo Socialista, aprobada por el Parlamento andaluz, para atender a los vecinos de esta barriada y tratar de buscar una solución a sus demandas. Aunque las competencias de la Delegación Territorial de Economía y Empleo se centran en garantizar la seguridad industrial derivada de esta línea de alta tensión, y no en su instalación, la delegada de Empleo pone el acento en que, competencias al margen, todas las partes con alguna relación con este cableado tienen la responsabilidad de escuchar a los ciudadanos y tratar de arreglar su problema.
FUENTE: Junta de Andalucía
