El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy la legalidad de las ayudas formativas que firmó tras la crisis de la empresa Delphi, que sumaron 105 millones, de los que 33 millones fueron para el grupo de empresas de Ángel Ojeda, consejero andaluz en 1987.
En su declaración judicial como investigado en los cursos de formación pagados con fondos públicos, Fernández ha cuestionado por qué se investiga el dinero otorgado a las empresas de Ojeda y no se hace lo mismo con el resto de las ayudas para los trabajadores de Delphi que se dieron a otras empresas.
El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha subrayado a los periodistas que el exconsejero socialista, también investigado (imputado) en el caso de los ERE, ha dicho que cuando le pasaron a la firma los expedientes de los cursos para los trabajadores de Delphi todos estaban «perfectamente justificados» y con los trámites legales cumplidos.
La Intervención General de la Junta de Andalucía no puso ningún reparo ni planteó dudas «en relación a la oportunidad y necesidad» de conceder las ayudas por la crisis industrial de la Bahía de Cádiz, ha señalado el abogado.
Fernández ha negado que participara en el proceso de selección de las empresas que dieron los cursos, lo que se hizo después de una convocatoria informal del Servicio Andaluz de Empleo con la treintena de empresas de Andalucía que cumplían los requisitos, y al final asumieron esa labor ocho compañías.
A preguntas del defensor de Ojeda, Fernández ha dicho que no sabía que las subvenciones eran para las empresas del exconsejero, y ha matizado que si lo hubiera sabido, no habría puesto reparos porque los expedientes venían «perfectamente amparados en la legalidad».
El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, ha resaltado que el Estado le adjudicó a sus empresas el 18 % de toda la formación nacional mientras era ministra Fátima Báñez, del PP.
El defensor de Fernández, por su parte, ha insistido en que todos los cursos tuvieron una fiscalización previa del gasto público.
Ojeda declaró por esta causa el pasado 24 de mayo, cuando dijo que los cursos de formación fueron su «ruina» y destacó que la Junta de Andalucía le debe 5 millones de euros que están justificados «hasta el último céntimo».
FUENTE: EFE
