Señalábamos en los párrafos del artículo anterior que una de las percepciones que en demasiadas ocasiones y con demasiado peso y frecuencia parece tener la ciudadanía, en términos generales, en relación con el Patrimonio Cultural tiene que ver con la consideración de dicho Patrimonio como un verdadero problema de gestión para las ciudades (lo que no excluye a otros ámbitos territoriales y administrativos de mayor entidad, envergadura y extensión, en su caso), un quebradero de cabeza para los gestores públicos, para los agentes privados (propietarios, constructores…) y, por etxtensión, para la ciudadanía en general.
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Sin embargo y pese a dicha aciaga percepción (demasiado común a veces), el Patrimonio Cultural (y Natural) no es, no debe ser, no puede ser ni una carga, ni un lastre, ni un objeto de debate estéril, y el “gasto” que conlleva su gestión no es tal gasto, sino una inversión económica a la par que social en las ciudades y en la construcción y el fortalecimiento de la ciudadanía.
La gestión del Patrimonio Cultural (y Natural), entendido como lo que es, como un bien social, como un bien comunitario, como un bien que pertenece a la comunidad con la que históricamente se relaciona y de la que es un testigo vivo, puede y debe ser legitimada (y consolidada) en su acción merced a la participación en dicha gestión de la propia comunidad de la que forma parte dicho Patrimonio y a cuyo acerbo pertenece, como hemos señalado hace un momento.
De este modo y por ello la gestión del Patrimonio Cultural (y Natural) por parte de los actores y agentes públicos (las administraciones competentes en dicha gestión, a todos los niveles) no debería hacerse tan sólo “para” la comunidad, sino “con” la comunidad, de acuerdo con las sensibilidades, naturaleza, inquietudes e intereses del cuerpo social en el que dicho Patrimonio se inserta, fomentándose además la interacción en positivo entre Patrimonio y ciudadanía, sin perder de vista el principio esencial de la gestión patrimonial: su conservación (junto a los otros principios básicos, esenciales, en dicha materia: la protección, investigación y la divulgación del Patrimonio).
De este modo es de señalar que lo ideal, lo recomendable, es que el proyecto y el trabajo en materia patrimonial se realice “con” la comunidad, trabajando mano a mano las administraciones públicas y la ciudadanía, de acuerdo con las dinámicas de la planificación participativa y bajo el prisma del concepto de ciudadanía activa, con los ciudadanos como entes activos y participativos que asumen sus propias responsabilidades como tales ciudadanos, desde la consciencia de la responsabilidad del cuerpo social.
Señalaremos una vez más (y no es nada nuevo) que a este respecto es recomendable la creación de espacios y foros públicos como forma de dar curso a esta participación activa, sin menoscabo de la posibilidad de la existencia de otras formas y mecanismos (especialmente en esta era digital) de dar curso a la referida participación activa de la ciudadanía desde la interacción entre el cuerpo social y la administración pública.
Ha de tenerse en cuenta, sin duda, en este sentido a los propietarios de bienes del patrimonio cultural (bienes inmuebles y muebles), al tejido empresarial de cada localidad, a las asociaciones (de diferentes naturaleza, acaso con especial atención a las de carácter vecinal y cultural, pero no sólo a éstas, ya que es de señalar que las entidades de índole y naturaleza religiosa son en buena medida -en líneas generales- actores con un especial rol, peso y papel en el ámbito patrimonial), a los diferentes ámbitos laborales y profesionales, a las entidades e instituciones educativas públicas y privadas así como a ciudadanos individuales cuyo ámbito de acción y trayectoria personal y/o profesional guarde una mayor vinculación con el contexto patrimonial, de cara a dar formas a la ideas de acción, a contar con los criterios y opiniones de un espectro ciudadano, social y económico, tan amplio como sea posible en el seno de una comunidad (pueblo, barrio, ciudad…), y todo ello orientado a trabajar con planificación diseñando planes de acción plurianuales contando con los recursos, conocimientos y habilidades de la ciudadanía para poner en pie las línea de planificación que la propia realidad del Patrimonio, combinada con la iniciativa de los gestores públicos y con las inquietudes del cuerpo social, demandan.
En lo que atañe al Patrimonio Cultural, los procesos participativos pueden ser determinantes de cara a la consecución de resultados y en lo que atañe a las consecuencias de las líneas de acción planificadas.
En este sentido, la interacción entre gestores públicos y agentes ciudadanos locales puede llegar a ser fundamental para contribuir a fortalecer el vínculo entre el cuerpo ciudadano y el Patrimonio de su localidad, ayudando de este modo así mismo a reforzar el sentido de comunidad, la cohesión de la misma y el sentimiento de pertenencia de dicha comunidad como colectivo y de los ciudadanos a título individual respecto al Patrimonio Cultural que forma parte de su propia herencia identitaria como cuerpo social.
Es imprescindible (lo señalaremos una vez más…) contar, de partida y a priori, con un catálogo de todo el Patrimonio Cultural presente en el territorio del municipio, una herramienta imprescindible para una verdadera e integral gestión de los bienes patrimoniales.
La existencia de un catálogo de esta naturaleza, una Carta Patrimonial como la que por ejemplo ha desarrollado el municipio sevillano de Coria del Río y de cuyo equipo redactor ha formado parte quien suscribe estas líneas, no solamente ayudará a orientar mejor las posibles y diferentes opciones de organización y gestión del Patrimonio Cultural local, sino que al mismo tiempo permitirá disponer de una mejor y más completa evaluación de las posibles estrategias económicas públicas (y privadas) de cara a la gestión de los bienes patrimoniales locales, ayudando a una mayor racionalización y una mejor ergonomía de las inversiones públicas y al mismo tiempo a un mejor aprovechamiento de los recursos económicos por parte de las administraciones locales de cara a la gestión de los bienes patrimoniales.
La planificación de la gestión del Patrimonio (especialmente desde esta perspectiva) habrá de servir igualmente para implementar una más amplia gama de posibles estrategias de participación pública relacionadas también con la acción contra el cambio climático, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar políticas patrimoniales a largo plazo.
En cualquier caso y de seguro, habida cuenta del estado de la cuestión en demasiados escenarios locales, el Patrimonio Cultural (y no olvidemos al Patrimonio Natural) más que una fuente de bienestar, un elemento identitario y un tesoro para la comunidad, sigue corriendo el riesgo de continuar siendo un elemento débil, un problema en sí mismo, y de estar sujeto a amenazas constantes y severas que de manera permanente lo seguirán atenazando al tiempo que lo irán progresivamente mermando ante la mirada preocupada de parte de la ciudadanía y bajo la actitud a veces demasiado poco cuidadosa y poco eficaz de unos gestores electos de la cosa pública las posibles incuria e incapacidad de los cuales acaso se revelarán como unas de las principales amenazas que lamentablemente afectan y afligen (cuando no condenan) a unos bienes patrimoniales cuya salvaguarda y conservación está encomendada a dichos gestores públicos electos, de lo cual son legalmente responsables.
Y así cada cuatro años.
