El consejo de administración de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (EPSUVI) trató el pasado viernes la crítica situación del Puerto Real Club de Fútbol, que enfrenta desafíos económicos y legales de gran magnitud.
Un problema complejo con raíces profundas
El concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, explicó que la situación del club es «límite» y subrayó el interés del equipo de gobierno en encontrar una solución que equilibre el interés público y los derechos de la entidad privada. Según Montilla, el club enfrenta un panorama judicial complicado derivado de convenios firmados entre EPSUVI y el club en 2010 y 2012, que presentan diferencias económicas significativas y están pendientes de resolución en los tribunales.
“Es necesario alcanzar un acuerdo en el que todas las partes abandonen posturas extremas y colaboren para lograr una solución viable,” señaló Montilla.
Propuestas para desbloquear la situación
El equipo de gobierno ha presentado varias alternativas para revitalizar la actividad del club y aliviar su crisis financiera, incluyendo:
- Devolver la parcela Sancho Dávila al club, para su uso en la construcción de viviendas y áreas comerciales.
- Construir un nuevo campo de fútbol municipal en la zona de Entrevías.
Estas medidas buscan no solo solucionar el conflicto histórico, sino también dinamizar el desarrollo urbanístico y económico de Puerto Real.
Avances para EPSUVI y el Ayuntamiento
Montilla destacó los esfuerzos recientes para sanear las cuentas de EPSUVI, logrando eliminar una deuda superior a los 38 millones de euros, lo que permitirá a la empresa municipal retomar proyectos esenciales, como la construcción y rehabilitación de viviendas. Este saneamiento financiero se planteó como un paso imprescindible para garantizar servicios básicos a los ciudadanos.
Obstáculos legales y financieros
El club actualmente afronta un recurso judicial en el que se disputa la validez de los convenios firmados con EPSUVI. Además, pesa sobre la entidad una posible liquidación tras una sentencia del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Cádiz, que la obliga a pagar una deuda de aproximadamente 3,5 millones de euros derivada de su concurso de acreedores.
«Desde lo público no se puede reconocer algo que está en fase judicial y como consecuencia entrar en procedimiento discordante con el administrador concursal, cuando éste se instaure o se implante», añade Montilla.
Consenso y diálogo, claves para el futuro
A pesar de las dificultades, Montilla insistió en que la solución pasa por abandonar los conflictos y buscar puntos de encuentro. “Es evidente que se trata de un problema enquistado, desde el 2006, pero no hay que olvidar que la realidad del club, de la empresa municipal y del Ayuntamiento es muy clara, alejarse de la misma es imposibilitar un acuerdo y alcanzar un final triste y duro para todos”, concluyó el edil.
La resolución de este conflicto marcará un antes y un después en el futuro del Puerto Real CF y en la gestión urbanística de la localidad, un desafío que requiere voluntad política y cooperación entre todas las partes implicadas.
