La falta de recursos suficientes en prevención impide evaluar los riesgos e investigar los accidentes en los centros educativos. La presencia de amianto ha preocupado al colectivo en las últimas semanas.
Delegados de Prevención de la Junta de Personal de Funcionarios en Cádiz han denunciado ante la Inspección provincial de trabajo la insuficiencia de recursos en materia de prevención de riesgos en Educación en la provincia.
Resulta llamativo que para una cifra de 650 centros educativos y 16.800 trabajadores (según datos de la propia Delegación), entre docentes, administrativos funcionarios y personal laboral en la provincia tan solo vigilen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención riesgos laborales 2 funcionarios cuando el número debiera ser al menos 8.
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Este escaso número de técnicos en materia de prevención imposibilita el que se puedan hacer las preceptivas evaluaciones de riesgos ni se investiguen los accidentes laborales, incurriendo así en una dejación de funciones en materia de prevención de riesgos.
Este asunto adquiere especial relevancia en estos días cuando se han descubierto elevados índices de amianto, una sustancia especialmente cancerígena (en casos de deterioro de la estructura de los edificios, siendo la principal causa de enfermedades profesionales tras el tabaco) en algunos centros educativos en la provincia, con el consiguiente riesgo para el alumnado y los profesionales que desempeñen allí su labor.
FUENTE: SAF
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