El Secretario General del partido Popular de Cádiz Andrés Núñez, junto a Ignacio Romaní, candidato al Congreso de los Diputados y Vicente Fernández portavoz del partido en Puerto Real, han mantenido un encuentro con los vecinos del Marquesado al objeto de explicar la nueva norma aprobada por el gobierno del PP en la Junta de Andalucía relativa a viviendas irregulares.
«El nuevo decreto de viviendas irregulares pone remedio a uno de los grandes problemas que sufren muchos andaluces, gaditanos y puertorrealeños tras décadas de ineficacia y falta de voluntad de los gobiernos socialistas», han afirmado desde la formación popular.
Vicente Fernandez destaca que «desde el PP estamos comprometidos con los vecinos de Puerto Real, con un trabajo de cercanía para resolver de primera mano los problemas que tienen. Lo que nos interesa es hablar de lo que de verdad le importa a los vecinos».
«En Andalucía existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas. El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad».
«Se han generado, además de los problemas asociados a la precaria urbanización del soporte donde se asientan, riesgos para la seguridad y salubridad de la población afectada, derivados de la localización en zonas con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados por la falta de saneamiento y depuración de las residuales, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la normalización y la situación de miles de viviendas irregulares con una nueva normativa basada en tres pilares».
«El primero parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento».
«En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU».
«Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano urbanizable».
Al finalizar la reunión se abrió un turno de palabras donde los vecinos participaron con muchísimas preguntas a las cuales se le fueron dando respuesta.
FUENTE: PP Cádiz
