La propuesta, con los votos a favor de Podemos y Partido Popular, ha sido rechazada con los votos del PSOE y de Ciudadanos.
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La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha rechazado, con el voto a favor de Podemos y PP y el de PSOE y Ciudadanos en contra –IULV-CA no ha participado en el debate–, una proposición no de ley (PNL) mediante la cual se instaba a realizar un inventario y redactar un calendario para la retirada «segura» del amianto existente en todos los colegios andaluces, «tanto el visible como el invisible».
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Según han confirmado a Europa Press desde Podemos Andalucía, grupo proponente, el PSOE se ha negado a respaldar la propuesta tras el rechazo de la formación morada a incluir, por entender que era impreciso y que su PNL no necesitaba de añadidos, una enmienda ‘in voce’ socialista instando a la colaboración interinstitucional con el Estado para tener corresponsabilidad en la retirada de este material, en centros andaluces tanto educativos como de otro ámbito.
De su lado, Ciudadanos ha considerado que, contrariamente a lo que defendía Podemos, no se debe exigir a las empresas implicadas en su día en la instalación de este elemento que afronten su retirada.
«Sin que sepamos a ciencia cierta a cuántos colegios afectan las instalaciones de amianto, lo que sí sabemos es que concierne a muchos de ellos porque este material se estuvo usando durante más de cincuenta años para techar aulas, llevar y depositar agua o hacer los bajantes de residuales, además de como aislante para suelos, cortinas, jardineras, pizarras, lápices, etcétera», subrayaba la propuesta.
El amianto es un mineral friable, es decir, desmenuzable más o menos fácilmente, y las fibras que desprende, que son del tamaño de micras (milésimas de milímetro) resultan invisibles, indestructibles, móviles y, «lo que es más trágico», todas ellas, si llegan y se quedan en los pulmones al aspirarlas, pueden convertirse en sustancias cancerígenas a largo plazo: su período de latencia discurre entre 20 y 50 años desde la primera exposición a estos polvos invisibles.
Así, recuerda la formación morada, lo vienen confirmando las máximas instituciones internacionales en salud, como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, que en 1977 calificó al amianto como cancerígeno de tipo 1, es decir, dentro de aquella categoría más peligrosa de las que produce cáncer en humanos.
«No hay dosis mínima segura para la salud de los expuestos en cualquier ámbito», afirma Podemos, incidiendo en que el alumnado es mucho más vulnerable a los efectos del amianto que los adultos, como confirman todos los trabajos médicos y epidemiológicos.
«QUIEN CONTAMINA, PAGA»
Por eso, Podemos estima que en cualquier planificación pública de retirada segura del amianto la prioridad la han de tener los colegios. «Y esos planes no pueden hacerse esperar, no sólo por su necesidad intrínseca, sino porque para muchos de estos materiales con amianto termina su vida útil, que es el límite que la ley ha establecido. En la actualidad, y tomando 40 años de vida útil, más del 50 por ciento deberían estar ya erradicados y, para antes de 2030, deberían serlo en torno al 90 por ciento: es decir, todos», sostienen.
En la resolución de 14 de marzo de 2013, votada por el 91 por ciento de los 558 eurodiputados presentes, el Parlamento Europeo pide que los Estados miembros avancen en el proceso de eliminación gradual del amianto en el menor plazo posible y, asimismo, anima a la Unión Europea a colaborar con los agentes sociales y otras partes interesadas a escala europea, nacional y regional para desarrollar y compartir planes de acción de gestión y eliminación del amianto, con vistas a una Europa libre de amianto para 2028 y para que se haga justicia a las cientos de miles de víctimas.
Por todo ello, Podemos realizaba su propuesta, en la que se concretaba una reclamación para que se elimine de forma urgente en los que tienen amianto con más de 30 años o estén en peor estado y que todo el amianto de todos los colegios quede erradicado antes de 2030, fecha en la que el 87 por ciento del amianto instalado ha cumplido 40 o más años y ha llegado al fin de su vida útil.
Pedía, asimismo, que se liberaran los presupuestos pertinentes para hacer efectivo este calendario, «sin que ello signifique renunciar a exigir a las entidades responsables un fondo de desamiantado para cumplir con el dictado de la máxima ‘quien contamina, paga'».
FUENTE: EP
