El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la responsable municipal de Recursos Humanos, Carmen Silva, afirma que “este equipo de gobierno tiene como prioridad solucionar la situación de la plantilla del Ayuntamiento, parte de la cual ahora está pagando las consecuencias de que en mandatos anteriores se hicieran las cosas mal”.
Así, la delegada municipal manifiesta que “actualmente estamos trabajando en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por supuesto, dando conocer cada paso a los representantes legales de la plantilla del Ayuntamiento”.
Silva subraya que “por supuesto, nos preocupa la situación de la gente afectada por la anulación del denominado perfecto encuadramiento, algo que deriva de unas decisiones adoptadas que no eran legales. Entendemos y respetamos la protesta diaria que realizan, pero saben que la solución pasa por sacar adelante una RPT legal, que se ajuste a la realidad actual del Ayuntamiento y permita corregir y poner orden en las situaciones creadas por resoluciones administrativas adoptadas en mandatos corporativos anteriores”.
La concejala delegada de Recursos Humanos aclara que en el año 2008 se tomaron decisiones que afectaban al personal municipal para intentar equiparar retribuciones “que no se hizo bien”. Tal es así que, en el año 2016, una sentencia destaca tal circunstancia, “pero entonces, el gobierno local que había ni acudió al Consejo Consultivo de oficio para intentar aclarar el asunto ni consiguió la regularización de la situación de las personas de la plantilla municipal afectadas”.
Cabe recordar que el pasado 5 de noviembre, el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó, en sesión ordinaria, la declaración de nulidad de distintas resoluciones administrativas municipales relativas a incrementos retributivos del personal municipal por ser contrarias al ordenamiento jurídico. El punto fue aprobado por mayoría, con los votos a favor de PSOE, Andalucía Por Sí, Ciudadanos y Equo, mientras que Adelante Puerto Real se abstuvo.
Tal decisión llegó después de que el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que vela para que los acuerdos de las entidades locales cumplan con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, emitiera su dictamen en ese sentido, forzando al Consistorio a poner fin a tal situación, porque el informe de dicho órgano es perceptivo y vinculante.
Hay que indicar que el Consejo Consultivo “no deja dudas al hablar del personal funcionario; en cuanto al personal laboral, el acuerdo en cuestión sería legal si no se superaran los límites máximos marcados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tras hacer un estudio económico, se determinó que las cantidades superaban el 3% máximo establecido para ese año”.
Asimismo, Silva resalta que “actualmente seguimos en proceso de negociación con la parte social para aportar soluciones reales y efectivas. En estos momentos, existe una buena sintonía entre las partes. De hecho, ayer se aprobó en la mesa general, por unanimidad, la oferta pública de empleo ordinaria, donde saldrán plazas de nueva creación y otras de promoción interna. Además, la citada RPT aporta soluciones para corregir la situación y dar cobertura a empleados públicos que están realizando ciertas funciones en el Consistorio”.
“Este equipo de gobierno está trabajando sin dar la espalda, apostando por el diálogo, y con el objetivo de poner fin y solucionar todos los problemas encontrados en materia de personal del Ayuntamiento”, subraya.
A esto también contribuye la oferta pública de empleo extraordinaria, “en la que estamos trabajando, y que permitirá la estabilización y consolidación del personal temporal del Ayuntamiento. Hablamos de personas, que llevan en situación de temporalidad más de diez años, a las que vamos a regularizar su situación. Y eso se hace con mucho trabajo, escuchando y dialogando, como hace el equipo de gobierno que preside la alcaldesa, Elena Amaya, donde tenemos claro que el Ayuntamiento no puede seguir funcionando como hasta el anterior mandato, con decisiones arbitrarias, pues si algo tenemos claro es que todo ha de hacerse respetando la legalidad”.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
