Un perito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha asegurado hoy que el «fraude» con los cursos de formación y contratación de Delphi, para lo que se destinaron 105 millones de euros tras su cierre en 2007, se debió a los «compromisos políticos» asumidos por la Junta de Andalucía.
El inspector de Trabajo y Seguridad Social ha declarado como perito en la pieza de los cursos de formación pagados con fondos públicos que afecta al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, que recibió 33 millones de euros de los 105 destinados a Delphi.
En su declaración, el perito ha ratificado el informe que presentó en 2014 junto a un compañero del ministerio, en el que reprochan la política de ayudas formativas de la Junta a los trabajadores de Delphi.
En su declaración, el perito ha asegurado que las subvenciones de la Junta para solventar la crisis de la multinacional Delphi, ubicada en Puerto Real y de donde se despidieron a 1.904 trabajadores, eran «ilegales» porque no cumplían los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
También ha dicho que el exconsejero andaluz Antonio Fernández, imputado en la causa, acordó con las empresas que participaron en el plan hacer una «simulación de contratos» porque sabía que no se daría trabajo a los que participaran en los cursos, lo que provocó un fraude en la Seguridad Social.
El informe indica que los cursos se impartieron, aunque «con mayor o menor utilidad, eficacia o aprovechamiento», señalan los peritos que elaboraron el informe y que hoy han acudido al juzgado, aunque solo ha hablado uno de ellos.
«Pero lo relevante es que la participación de los ex trabajadores en esos cursos fue revestida con la apariencia de una relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal» al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención y al ingreso de sus cotizaciones a la Seguridad Social, según los peritos.
En su declaración, el perito ha considerado que se dio «cobertura ilegal» a algunos desempleados discriminando a otros parados, a algunos de los cuales se les concedieron «sobresueldos ilegales».
Además, ha dicho que fue ilegal la subcontratación que Ojeda hacía con las empresas vinculadas para los cursos, y ha descartado que el informe se realizara de forma maliciosa por presión mediática contra el exconsejero porque desconocía quién era el político.
En el informe ratificado, los peritos exculpan a los beneficiarios de los cursos porque «no se aprecia la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en la participación de los ex trabajadores en el sistema de simulación de relaciones laborales».
El ministerio considera que la Junta vulneró la Ley General Presupuestaria por dedicar «recursos públicos al cumplimiento de sus objetivos o compromisos políticos» sin haber obtenido previamente «la aprobación de los órganos legislativos competentes».
«El sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del servicio público de Empleo estatal y para el presupuesto de la propia comunidad autónoma de Andalucía», concluye el informe.
El pasado 14 de junio, el exconsejero Fernández defendió la legalidad de las ayudas formativas que firmó tras la crisis de la empresa Delphi, cuyos expedientes estaban «perfectamente justificados» y con los trámites legales cumplidos.
La Intervención General de la Junta de Andalucía no puso ningún reparo ni planteó dudas «en relación a la oportunidad y necesidad» de conceder las ayudas por la crisis industrial de la Bahía de Cádiz, según el abogado del consejero.
FUENTE: EFE
