El Ayuntamiento considera que las instalaciones de la antigua Delphi tienen un valor de mercado que superan los 22 millones de euros y que deshacerse de ellas sería un error. Peinado considera que esta decisión es «un paso atrás».
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La alcaldesa de Puerto Real considera la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Cádiz «un paso atrás» para la puesta en valor de futuras actividades en los suelos e instalaciones de la antigua fábrica de Delphi. «Prueba de ello, y coincidiendo con las alegaciones que en su día hicimos a esta pretensión de la Administración Concursal, es que esta misma mañana se ha tenido una reunión en las dependencias de urbanismo de esta Ayuntamiento con técnicos nombrados por la administración concursal para el desarrollo de un estudio de detalle que de cabida a la pretensión de la citada administración de solicitar licencia de actividad utilizándose las instalaciones existentes de la antigua factoría de Delphi», añade Peinado.
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La alcaldesa insiste en que «es demostrable y constatable que el valor de los suelos es tan importante como las instalaciones existentes, ya que como dijimos con anterioridad cuando nos dirigimos al juzgado los interesados que ha habido y hay en estos momentos cuentan con las instalaciones que se pretenden derribar».
«Entendemos que la pretensión torticera de la administración concursal en ningún momento tiene en cuenta el futuro y el desarrollo de una zona industrial en beneficio de puestos de trabajo tan necesarios en nuestro pueblo y por extensión en la Bahía de Cádiz», continua.
«Es totalmente inaceptable, a tenor de lo que refleja el fallo judicial, que se pretendan ver esas instalaciones solamente para actividades del sector del automovil cuando hablamos de poner en disposición un suelo con unas construcciones versátiles para cualquier tipo de actividad que ahonda en beneficio de la inversión tanto pública como privada», prosigue.
«Los datos son incuestionables. Actualmente el metro cuadrado de nave industrial tiene un coste, según las tarifas del Colegio de Arquitectos, que se enmarcan entre 267 y 344 euros el metro cuadrado. Teniendo en cuenta solo las dos naves grandes, que rondan los 84.000 metros cuadrados, estaríamos hablando de que se pretende derribar una edificación que tiene un coste de entre 22,4 millones de euros y 28,8 millones de euros», aclara.
En base a esta primera valoración, Maribel Peinado ha anunciado que el Ayuntamiento de Puerto Real recurrirá esta sentencia entendiendo que sus últimas alegaciones tienen vigor y no se contradicen con lo expresado en el auto judicial.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
