La Junta de Andalucía ha concluido la fase de valoración para la declaración de un total de 14 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas, de acuerdo con el decreto 264/2011 y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática, que instaura esta figura para situar los espacios emblemáticos vinculados al golpe militar de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura, así como servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de la represión franquista.
Estos enclaves son la fortificación del Estrecho de Gibraltar y la fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real, la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena y el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, en Córdoba; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa Úrsula de Jaén, el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia de Jaén; la esquina donde asesinaron a Manuel García Caparrós y el Palacio de la Aduana, en Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, en Sevilla.
Los 14 nuevos Lugares de Memoria Democrática se sumarán a los 50 que ya se reconocieron entre 2011 y 2013. Precisamente, dos espacios vinculados a la figura de Blas Infante fueron los primeros en ser catalogados por parte de la Junta de Andalucía. Se trata de su residencia en Coria del Río (Sevilla), conocida como ‘Casa de la Alegría’, y el lugar en el que fue fusilado, también en Sevilla.
La propuesta de estos nuevos espacios como Lugares de Memoria es el resultado del análisis y valoración de un grupo de trabajo compuesto por expertos de acreditada solvencia en la investigación vinculada a la memoria y con un amplio bagaje en ámbito memorialista.
La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre los enclaves, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas. Esta fase es la que ahora concluye para poder iniciar la tramitación del decreto.
FUENTE: EP
