La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, se ha sumado a la “inquietud” de los municipios de la provincia ante la indefinición en torno al suministro de equipos de protección individual (EPI), toda vez que la Junta de Andalucía ha trasladado unas ‘Instrucciones a los ayuntamientos sobre gestión y comunicación a los vecinos ante la actual situación de pandemia’, en las que se provoca una evidente confusión a las instituciones directamente en contacto con la ciudadanía.
Ese documento recoge textualmente que “actualmente la Junta de Andalucía es competente, como autoridad sanitaria en nuestra comunidad, del suministro de material de protección a la propia administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio del COVID-19”. Sin embargo, en el párrafo siguiente del mismo texto asegura que “cada ayuntamiento es competente para hacer las gestiones oportunas para adquirir el material solicitado toda vez que el Gobierno Central ha autorizado la libre compra en el mercado y los precios se mantienen moderados”.
Irene García ha afirmado que “es difícil encontrar mayor ejercicio de incongruencia. En apenas dos párrafos, el documento de la Consejería de Salud y Familias dice una cosa y la contraria. Y, lo que es peor, sume en la incertidumbre, en la inseguridad y de forma creciente en la desesperación más absoluta a las alcaldesas y a los alcaldes que no saben a qué atenerse ni a qué recursos echar mano para atender a una necesidad tan urgente como evidente”.
La presidenta de la Diputación ha tenido ocasión de trasladar este mensaje en la reunión virtual del Centro de Coordinación de Cádiz contra el COVID-19 (CECOR) que, presidido por el subdelegado del Gobierno, reúne también a la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, al alcalde de la capital gaditana y los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En ese foro, ha incidido en que el suministro de equipos higiénico-sanitarios que está llegando a los ayuntamientos es “claramente precaria”, y ha reclamado que la Junta de Andalucía, “como autoridad competente en esta materia, asegure la suficiente dotación de esas unidades”.
“No es de recibo que se esté obligando a algunos ayuntamientos a suprimir la ayuda a domicilio ante la falta de equipos de protección que garanticen la salubridad y la higiene de usuario y cuidador, justo en el momento en que más necesario es prestar un servicio esencial para una grupo de riesgo de esta pandemia”, ha explicado Irene García, quien ha añadido que “es incomprensible que la Junta de Andalucía se declare competente en matera de suministro de EPIs para que, segundos después abandone esa responsabilidad y se la atribuya a los ayuntamientos. Porque, si la Junta se ve con dificultades o sin capacidad económica para acceder a los mercados y adquirir estos equipos, mucho más difícil será hacerlo para los municipios, especialmente para los más pequeños, por más que la idea genial del Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno sea plantear que los ayuntamientos se agrupen como si fueran una especie de central de compras o que lo articulen a través de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), entre cuyos fines no se encuentra dicha actividad”.
Finalmente, la presidenta ha insistido igualmente, como ya hizo en la primera reunión del CECOR, en la necesidad de que los alcaldes y alcaldesas reciban por parte de la Junta información “veraz, actual y leal” en torno a la afección del COVID-19. “Solo así podrán articular los correspondientes protocolos de servicios básicos y de seguridad higiénico-sanitaria establecidos en la normativa”, ha concluido.
FUENTE: Diputación de Cádiz
