El Ayuntamiento de Puerto Real se opone y ha presentado la correspondiente alegación al derribo solicitado en el Juzgado de lo Mercantil por los administradores concursales de la antigua fábrica de Delphi de las instalaciones de ésta. En los informes presentados por los administradores concursales se plantean todas las posibilidades como que el coste de mantenimiento de las instalaciones es alto y que derribándolas se reduciría esos costes, además de ver reducido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), asimismo lograrían obtener algo de liquidez económica con la venta del hierro y cobre que se puede encontrar en las instalaciones.
El Ayuntamiento puertorrealeño se encuentra en una encrucijada, ya que por un lado es acreedor de Delphi, ya que la empresa aún le adeuda dinero, y por otro lado recibe beneficios de estas instalaciones a través del IBI. A pesar de esta difícil situación el Ayuntamiento ha presentado una alegación a la solicitud de derribo ya que considera que el terreno industrial incrementa su valor al hallarse construidas unas instalaciones. Es más atrayente para los inversores que las instalaciones estén preparadas para entrar a trabajar que encontrarse solamente con los terrenos. Esta opinión es compartida por los extrabajadores de la factoría que ven en el derribo como se esfuma su posible recolocación.
Antes de llegar a toda esta situación, al posible derribo de las instalaciones, a la desilusión de los extrabajadores aún por recolocar y a la inactividad de la Junta con este tema, se destinaron importantes cantidades de dinero, subvenciones, para atraer inversores privados a estos terrenos que pudieran recolocar a todos los trabajadores que se habían quedado desempleados y para el reciclaje y la formación de los extrabajadores. Era 2007, año electoral, con lo que eso conlleva, y no estaba la cosa como para perder votos.
Para más inri, por si el cierre de la fábrica y los despidos no fueron suficiente, desde 2011 el Juzgado de Intrucción nº4 de Cádiz está investigando la posibilidad de que se hubiese cometido fraude por parte de algunos empresarios con motivo de las subvenciones para atraer a inversores. Por otro lado los cursos y la formación que se dieron en el marco de esas subvenciones resultaron, cuanto menos, de dudosa utilidad para los extrabajadores. El negocio de la formación de estos extrabajadores era un buen filón económico. Uno de los nombres que sonaba tras la red de empresas de formación que se beneficiaba de las ayudas públicas era Ángel Ojeda, ex consejero de Hacienda, cuyo entramado empresarial está siendo investigado por la jueza Mercedes Alaya en el marco del caso de los EREs y cursos de formación en Andalucía.
Ojeda dentro de los EREs se incluye en un perfil de relación ideológica con la Administración y llama la atención las elevadas cuantías recibidas por las empresas de éste, según Silvia Tubio en el diario La Voz llegó a percibir hasta más de 14 millones y medio de euros de una vez. Al parecer se puede observar un punto de inflexión, un antes y un después desde 2009. En este año se constituyen tres empresas que participaron en la formación de los extrabajadores de Delphi y que, por tanto, recibieron subvenciones altísimas. Estas sociedades son Humanitas, Natura e Innova, asociaciones de apoyo a la integración, al medio ambiente y para la sociedad de la información, respectivamente. Algunas de estas empresas recibieron partidas de dinero sin ni siquiera haber comenzado a funcionar y sin tener ningún trabajador dado de alta en la Seguridad Social. Una telaraña empresarial que abarcaba todo el territorio andaluz y que accedía a subvenciones de todo tipo, desde planes ordinarios hasta extraordinarios como los que estaban orientados al colectivo de extrabajadores de Delphi.
Precisamente una de las sociedades citadas, Natura, tenía un procedimiento abierto en los juzgados de Algeciras y la jueza que llevaba el caso fue alertada de que las diligencias estaban relacionadas con las investigaciones que la jueza Alaya estaba llevando a cabo sobre los cursos de formación, a lo que la magistrada respondió dejándolo en manos del juzgado nº 6 de Sevilla; por supuesto, Natura, ha recurrido esta decisión.
