Las familias del Colegio Milagrosa de Cádiz denuncian esta práctica abusiva, que también ha sido denunciada en el Santo Ángel de Puerto Real. Según el sindicato esta «Fundación surgió en la Comunidad de Madrid de la mano de la hoy imputada ex Consejera de Educación, Lucía Fígar, por corrupción en la adjudicación de conciertos educativos a empresas privadas».
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La Fundación integrista católica Educatio Servanda que se está haciendo con varios colegios de la provincia de Cádiz sigue envuelta en la polémica. En este caso se trata del Colegio de la Palma (María Milagrosa) de la ciudad de Cádiz adquirido recientemente por la citada Fundación. Según han denunciado varias familias en una reunión los nuevos gestores del Centro les han informado de que deben pagar una cuota de 45 euros al mes por niño matriculado para, según la citada Fundación, “el mantenimiento del centro”.
PUBLICIDAD
Aunque dicen que es una cuota “voluntaria”, no lo es, puesto que han dejado claro a los padres y madres del alumnado que si no la pagan tendrá consecuencias negativas para sus hijos e hijas como no disponer de la agenda, la plataforma virtual y un profesor nativo de inglés por la tarde.
Estos hechos son intolerables porque recordemos que el concierto educativo supone que el colegio recibe del erario público el cien por cien de los gastos para impartir la enseñanza a todo el alumnado matriculado en el centro y por tanto la citada cuota supone una doble financiación y supone una evidente discriminación.
Este hecho, ya de por si suficientemente grave, lo es aún más porque Educatio Servanda pretende exigir visitar los domicilios de las familias que sostengan que no tienen medios para hacer frente al pago para recibir una ayuda al propio centro, lo que entendemos es una clara presión para obligar a las familias a pagar la polémica cuota.
Estas denuncias no son nuevas, el mismo procedimiento fue usado por Educatio Servanda el curso pasado en el Colegio Santo Ángel de Puerto Real, primer centro adquirido por la “Fundación” en nuestra provincia. Entonces ante las denuncias de las familias afectadas la Delegación de Educación se limitó a emitir un comunicado diciendo que le educación sufragada con fondos públicos debe ser gratuita y que no se pueden cobrar cuotas por ella, pero no tomó medidas para comprobar efectivamente si se estaba produciendo este hecho o no.
La nuevas quejas de las familias vienen a darnos la razón a CGT que denunciamos que se seguían produciendo estas prácticas abusivas. Todo parece indicar que es la práctica habitual de la Fundación Educatio Servanda, que utiliza las cuotas de las familias como una doble financiación de sus centros educativos (lo que es así un negocio redondo puesto que cobra dos veces por un mismo servicio). Las citadas cuotas pretenden ser cobradas a todas las familias salvo a aquellas que no tuvieran recursos económicos suficientes (según criterio de la propia Fundación), lo que muestra a las claras de que no se trata de una cuota voluntaria.
De nuevo en La Palma de Cádiz se repite el mismo argumento que el Santo Ángel de Puerto Real: se dice a las familias que se vincula el pago de la cuota a la viabilidad económica del centro y que todas las familias deben colaborar. Aunque se camufle como pago de actividades extraescolares, dada la flagrante ilegalidad de cobrar por un servicio que ya está pagado por la administración pública.
Si las cuotas fueran realmente para las actividades extraescolares no se explicarían a todas las familias, si no solo a las familias interesadas en las mismas. Sin embargo el pago de la cuota es lo primero que se encargan de dejar claro a la totalidad de las familias según desembarcan en un nuevo centro. El hecho de becar un pago “voluntario” es otro indicio de que de voluntario tiene más bien poco.
Además se informa a las familias de que quien no las pague no recibirá elementos básicos para la enseñanza, en el caso del Colegio de la Palma no disponer de agenda o plataforma virtual, lo que supondría una evidente discriminación. Además se explica la importancia de esas cuotas ya que con ellas se ampliaría la oferta curricular del colegio, ampliando la enseñanza de idiomas y asignaturas troncales, con clases de refuerzo que se impartirían por las tardes, y que solo recibirían si las pagan
Estos hechos son lo suficientemente graves para que las autoridades educativas retiren los conciertos con esta Fundación por incumplir claramente los mismos que especifican que no se puede cobrar bajo ningún concepto por impartir las enseñanzas concertadas.
Desde CGT consideramos que la Consejería de Educación y la Delegación Territorial deben vigilar efectivamente a través de la inspección educativa las graves acusaciones reiteradas de las familias hacia esta Fundación ya que hasta ahora ha mostrado una clara pasividad, permitiendo que sigan produciéndose estos abusos, cuando no una complicidad con los mismos.
Es significativo que mientras se cierran aulas e incluso centros enteros de la escuela pública de la provincia (como la escuela pública infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando) se mantengan conciertos educativos a empresas privadas como esta que incumple reiteradamente los mismos.
En el caso del Colegio María Milagrosa hay que tener en cuenta que su expediente de cambio de titularidad está aún en fase de tramitación por lo que este es un hecho relevante para que su tramitación sea negativa y no se le otorgue el concierto. En cualquier caso el hecho de cobrar cuotas y discriminar al alumnado es tan grave que permite la cancelación de los conciertos directamente.
No entendemos que las autoridades educativas no actúen ante estas graves denuncias, y muestran en cambio una connivencia con estas prácticas y la clara apuesta de la Junta de Andalucía por la escuela privada concertada por encima de la pública.
Este trato favorable hacia esta Fundación se hizo evidente el curso pasado cuando se intentó derivar a este Colegio a numeroso alunmos12 alumnos/as que habían elegido la escuela pública pero no habían obtenido plaza en los centros elegidos, cuyas familias recibieron con estupor que la administración pública (Junta de Andalucía) obligara a escolarizar a sus hijos en un Colegio de ideario católico en su versión más integrista. Colegio que les obligaba a firmar un documento en el que se les obligaba a a aceptar que sus hijos/as fueran educados en los valores ctistianos e incluso a asistir a los ritos católicos. En efecto, a pesar de tener la obligación de tener que prestar un servicio público a todos los ciudadanos, sin distinción, por ser sufragado por fondos públicos, el Colegio Santo Ángel ahora renombrado Juan Pablo II solo admite a los no católicos si “comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto de su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada”. Y sigue: “así desde el colegio se promoverá la recepción de los sacramentos y la asistencia a la Santa Misa por parte de los alumnos y las familias”. Por si no queda suficientemente claro se recalca antes del espacio para la firma: “Quedamos enterados del contenido del presente documento y nos comprometemos a respetar el ideario y carácter propio del Colegio …. Pues bien solo tras realizar un recurso de alzada ante la Delegación de Educación esos/as alumnos fueron reubicados en centros públicos.
Nos preguntamos porqué la Junta de Andalucía renuva automáticamente los conciertyos a estos Colegios una vez han sido adquiridos por esta Fundación , que no es la empresa que ha firmado esos conciertos y por tanto no tiene necesariamente derecho a tenerlos. Hay que tener en cuenta quee Educatio Servanda en una curiosa “fundación educativa” presidida por un constructor, Juan Carlos Corvera, vinculado al grupo ultracatólico scouts de Europa que ha crecido de manera meteórica desde se creación. Se inscribió en el Registro de Fundaciones el 12 de Diciembre de 2006 y apenas un año y medio desde su inscripción, y sin acreditar experiencia educativa alguna la Comunidad de Madrid le concedió 26.000 m2 por 75 años para la construcción y gestión de un centro educativo privado concertado. Se trata de un verdadero “milagro”: la Comunidad de Madrid le cede los terrenos gratuitamente, el profesorado se paga con dinero público y el edificio lo construye su propia empresa constructora (CyC Construcciones). En la actualidad posee numerosos colegios repartidos por casi toda España.
Es una fundación vinculada a la versión más integrista del catolicismo y creció de la mano de las políticas privatizadoras del PP de Esperanza Aguirre en Madrid y de su Consejera de Educación Lucía Fígar. Esta Fundación manifiesta abiertamente su preferencia por la segregación del alumnado por sexo (aunque lo aplica según conveniencia, para no perder el dinero público de los conciertos educativos). Una muestra de su ideología se recoge en su página web: el ”firme rechazo a la regulación civil actual de las uniones de carácter conyugal entre personas del mismo sexo y nuestro deseo de que en el menor tiempo posible una nueva legislación recupere la verdadera naturaleza del concepto original definido con la palabra matrimonio“.
CGT sigue instando a que se reequilibre la red de centros educativos de la Ciudad de Cádiz, reduciendo la oferta en enseñanza concertada, toda vez que sólo ha sido la red pública de centros escolares la única afectada por el cierre de centros y unidades educativas.
Esta es una buena oportunidad ya que los conciertos actuales del Colegio La Palma y del Colegio Diocesano San Pedro de La Línea ya no sirven porque deben firmarse unos nuevos con la nueva empresa. El PSOE en la Junta de Andalucía no debe pagar con dineros públicos este negocio, a una entidad privada con ánimo de lucro y que adoctrina en una versión integrista de la religión, mientras queda amenazada la continuidad de centros públicos enteros.
Surge la duda razonable de como se financia una Fundación como Educatio Servanda que en un momento de caída de la natalidad compra o adquiere la gestión de colegios de dudosa viabilidad. Tiene suscrito con la Junta de Andalucía algún tipo de acuerdo que le garantice la financiación de esos centros por medio del mantenimiento de los conciertos ? ¿Se está convirtiendo Andalucía y en este caso Cádiz en el nuevo nicho de negocio de los colegios privados sufragados con dinero público cuyas nefastas consecuencias se están destapando en sonados casos de corrupción en la Comunidad de Madrid?.
