La delegada municipal de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Puerto Real, Carmen Silva, ha querido solicitar a los sindicatos convocantes de las protestas diarias contra la suspensión cautelar del «perfecto encuadramiento» que «recapaciten, rebajen tensión ante el resto de compañeros y compañeras de trabajo y favorezcan la vuelta a la normalidad» en las dependencias municipales, «para garantizar el buen servicio que la ciudadanía puertorrealeña se merece».
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En palabras de Silva, estas protestas sindicales «persiguen mantener una subida de salarios que ha sido declarada ilegal y discriminatoria». La subida, recuerda Silva, fue acordada en 2008 «de manera camuflada» y «ha sido tumbada por los tribunales». En este sentido, Silva recuerda que «el actual equipo de gobierno no fue partícipe de la negociación que dio lugar a esta subida de salarios encubierta, pero sí los mismos sindicatos que ahora pretenden mantenerla. Tampoco estábamos aquí cuando en 2016 una sentencia declaró ilegal la medida e instaba al Ayuntamiento a normalizar la situación y, sin embargo, es este equipo de gobierno el que está actuando con responsabilidad, no solo ante la Justicia, sino ante el resto de empleados y empleadas municipales y ante el conjunto de la ciudadanía».
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Silva entiende que «lo fácil habría sido hacer lo que hicieron los anteriores equipos de gobierno, tirar la pelota hacia delante y esperar a que venga alguien a solucionar el problema. Pero nosotros asumimos nuestro compromiso con todas las consecuencias. Si cumplir las sentencias judiciales y los requerimientos del Cámara de Cuentas significa tener protestas diarias en la puerta del Ayuntamiento e interrupciones en el pleno, las aguantaremos, pero decisiones legales como la que hemos tomado son las que hacen falta para evitar que nuestro Ayuntamiento se vaya a pique».
En opinión de Silva, «acuerdos justos» e «igualitarios» como la regularización del complemento de productividad acordada en la última sesión plenaria o la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal cuya redacción «se está terminando» –la actual está vigente desde 2002-, son los que permitirán a la plantilla municipal «afrontar su modernización de forma transparente y mejorar el clima laboral». Está claro, según Silva, que «acuerdos laborales arbitrarios y salidos de sindicalismos cortijeros han tenido como resultado las nefastas consecuencias que este equipo de gobierno está intentando solucionar ahora».
La edil se pregunta «por qué no se convocaron protestas cuando se acordaron medidas arbitrarias que beneficiaban a unos pocos frente al resto de la plantilla municipal, o cuándo en 2016 llegó la sentencia que ya ponía de manifiesto la ilegalidad de esta retribución; por qué no han exigido una nueva RPT en estos casi veinte años».
La concejala insiste en que «no es agradable; es una situación que nos hemos encontrado porque quienes estuvieron antes que nosotros no tuvieron la valentía de hacer frente al problema. La única solución es cumplir la ley. Y si hay un sindicato o un grupo de trabajadores que pretende que no cumplamos la ley, lo sentimos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer cumplir la ley, a defender el interés general y no vamos a ceder ante las presiones. Los sindicatos deben comprender que la administración debe acatar sentencia y no puede cometer fraude de ley».
La responsable política al frente de la plantilla municipal pone sobre la mesa la labor de la delegación en estos meses. Además del acuerdo sobre el complemento de productividad o el impulso a la RPT que está realizando el equipo de gobierno actual, la modificación del plan de ajuste ha permitido poner en marcha varias convocatorias públicas de empleo, que «están sirviendo para hacer contrataciones de acuerdo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad exigidos a la función pública, reponer plantilla, reactivar los servicios municipales y generar empleo», recalca.
Origen de las protestas laborales
El llamado «perfecto encuadramiento» es un concepto retributivo acordado mediante una serie de acuerdos y actos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real en los años 2008 y 2009. En virtud de estos, se equipararon las retribuciones básicas y complementarias de los puestos pertenecientes a la categoría de Agrupación Profesional (AP) con las del grupo C2, y las de éste con las del grupo C1. En la práctica, implicaba el ascenso a nivel salarial de las citadas categorías, de modo que, aun manteniendo las funciones de su categoría, operarios pasaban a cobrar como auxiliares administrativos y éstos como administrativos, sin que esa especie de ascenso laboral se ajustara a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad requeridos para la función pública.
En 2016, se notifica al Ayuntamiento una sentencia judicial que advierte de la posibilidad de dar testimonio a los juzgados de instrucción por si aquellas actuaciones municipales pudieran incurrir en delito. Notificada la sentencia, la Secretaría General insta a acordar su suspensión «dada la existencia del grave daño para el interés público».
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2019 cuando la actual corporación inició un procedimiento de revisión de oficio. En junio de 2021, el Ayuntamiento de Puerto Real recibe informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en la que se advierte que el mantenimiento del pago de las retribuciones que derivan de los acuerdos analizados desde que se notificó la Sentencia y a la vista de los varios informes emitidos, que apremiaban a una inmediata revisión de oficio con la adopción de la medida cautelar de suspensión para evitar perjuicios económicos a la Hacienda Pública, constituye un supuesto de responsabilidad contable de acuerdo con la normativa y jurisprudencia de aplicación. Como consecuencia, la delegación de Recursos Humanos procedió el pasado agosto a la suspensión cautelar del pago del «perfecto encuadramiento».
FUENTE: Ayto. de Puerto Real
