El exdelegado de Empleo de la Junta en Cádiz Juan Manuel Bouza Mera, imputado en la causa de las ayudas a la formación, ha asegurado este martes que «nunca» tuvo motivos para desconfiar del procedimiento que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y ha garantizado que «las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta».
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Así se ha pronunciado durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Barrado’, y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
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Bouza, que sí ha accedido a responder a casi todas las preguntas de los miembros de la comisión, a excepción de las que ha considerado «inmersas en casos judiciales», con el ánimo de «esclarecer la compleja gestión de las políticas de formación y que sirva para mejorarlas en el conjunto de la comunidad en beneficio para todos», ha señalado en tono jocoso que, incluso, la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz no era «muy popular» por «su excesivo rigor a la hora de examinar los cursos».
«El procedimiento administrativo necesitaba del trabajo de cada uno de los elementos para que pudiera salir adelante», ha advertido Bouza, quien ha garantizado que «cada uno cumplía fielmente con las obligaciones de su puesto».
Así, en su comparecencia que se ha alargado durante tres horas, ha insistido en que él, que estuvo como delegado de Empleo en Cádiz desde mayo de 2004 a julio de 2012, «no podía dar directrices ajenas al procedimiento ni los funcionarios podían condicionar su trabajo por incumplimiento del procedimiento».
Bouza, que ha venido acompañado por su letrado, también ha llamado la atención sobre la «insuficiente» relación de puestos de trabajo de la Delegación de Empleo pero «esto nunca hizo que se dejara ejecutar las funciones encomendadas», aunque sí era «fuente de problemas y sobrecarga».
No obstante, el compareciente, que ha pedido que «no se realice en el seno de esta comisión una profecía autocumplida» porque sería «injusto», ha trasladado todo su reconocimiento a los trabajadores adscritos en este servicio y ha hecho hincapié en que «el trabajo realizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en materia de formación ha sido óptimo con el respeto a la Ley de subvenciones».
Delphi era un plan de empleo
Preguntado por la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero sobre las subvenciones de formación concedidas ante la situación de Delphi, Bouza ha detallado que el caso de Delphi «era un plan de empleo y no de formación» y, por tanto, no forma parte de esta comisión de investigación.
Tras remitir a la hemeróteca para conocer el plan de empleo de Delphi y negar que haya intervenido en las subvenciones «a dedo» — según Ruiz Sillero— al exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda para Delphi, Bouza ha recordado que «todas las administraciones arrimaron el hombro ante la delicadísima situación» de Delphi.
De igual manera, ha explicado que consideraron «una posibilidad muy buena» poder arrendar el 30 por ciento de las instalaciones del Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI) a Ojeda por 15.000 euros, según la cifra precisada por Ruiz Sillero, para que se pudieran comenzar a impartir los cursos.
Preguntado sobre cómo le concedieron subvenciones a Ojeda sin tener sitio donde impartir los cursos, Bouza ha insistido en que él no era el concedente de dicha subvención y Ruiz Sillero ha calificado como «pelotazo» la situación, ya que el CTI suponía 4.500 euros al mes y arrendaban un 30 por ciento por 15.000 euros.
En este punto, el compareciente que ha criticado la «ligereza» con que la diputada ‘popular’ ha calificado esto, ha recordado que estos ingresos «redundaban en beneficio del propio CTI», pero no ha accedido a contestar cuando la diputada ‘popular’ le ha advertido de que «se estaban inflando las facturas en formación».
También en relación a subvenciones de formación del CTI subcontratadas a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Bouza ha aclarado que «la subcontratación no está prohibida» y ha detallado que «hay un informe de la intervención y de la Cámara de Cuentas que pone exactamente que, si bien, no existe autorización expresa, sí la hay tácita, ya que en la misma solicitud de subvención del CTI se señala que esta formación iba a estar subcontratada».
«No hubo cesión de trabajadores de Faffe»
También Bouza ha destacado que «no hubo cesión de trabajadores de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe)» a la Delegación de Empleo, aunque «si estaban en la Delegación».
«La Faffe tenía su jerarquía de mandos» y ha precisado que, aunque «hubo muchas denuncias sobre este particular, todas las sentencias fueron en contra de este criterio» porque no contaban con «ninguna» potestad administrativa.
Por otra parte, a preguntas del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, Bouza ha afirmado que «no había solicitud de nadie para exceptuar» la justificación de las subvenciones de formación. «Normalmente, los servicios centrales pedía un listado de empresas que tenían el expediente de justificación bloqueado y se mandaba. Al cabo de unos días llegaba una resolución de exceptuación y la aplicábamos», ha subrayado, a la par que ha que considerado que «estará bien, mal o regular, pero era así».
A este respecto, el diputado por Podemos ha dejado ver su sorpresa por el procedimiento y ha cuestionado «si a nadie le extrañaba que las exceptuaciones aparecieran». «¿Quién las pedía: la empresa, la Junta? Se haría así, pero no es lo que dice la ley», ha subrayado.
Sobre este mismo asunto y la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha indicado que hubo años en que se exceptuaron a 120 entidades, a lo que Bouza ha contestado que el no era quien realizaba las exceptuaciones, «solo el listado», pero cree que todas se exceptuaban. «Eran muchas», ha señalado.
Actuación en Cádiz
Bouza ha querido explicar el plan de choque que se realizó en la provincia de Cádiz, tras una pregunta de la diputada de IULV-CA Elena Cortés sobre qué medidas se tomaron para seguir las directrices de los informes de la Cámara de Cuentas que señalaban incidencias en este ámbito, viendo que «diez años después» la entidad ha vuelto a reseñar este mismo tipo de incidentes.
«Este trabajo culminó con un manual de justificación muy exhaustivo y una herramienta informática para situar toda la documentación». Además, ha asegurado que «los técnicos de seguimiento visitaban el cien por cien de los cursos y dos y tres veces».
Así ha insistido, a preguntas de la diputada socialista María Luisa Bustinduy, en que «el procedimiento se siguió siempre como prevén las normas». «Ni di orden ni recibí orden para actuar en contra del ordenamiento normativo de subvenciones», ha subrayado. «Era inviable otorgar una subvención o pagos a entidades que no cumplieran las condiciones. No podía firmar ninguna concesión de subvenciones sin fiscalización y para esto tiene que haber documentación», ha explicado.
Por último, el presidente de la comisión de investigación Julio Díaz (C’s) ha mostrado su malestar ante la acusación de la exdelegada de Empleo de la Junta en Almería Francisca Pérez Laborda, que compareció este pasado lunes, y que acusó a los miembros de la comisión de no haber respetado su presunción de inocencia ni sus derechos constitucionales.
«Esto es un instrumento democrático y la presidencia defiende los derechos de los comparecientes, asesorado por los servicios jurídicos de la Cámara», ha explicado, toda vez que ha señalado que va a pensar en ofrecer el último turno al compareciente teniendo en cuenta que no está recogido en ninguna directriz.
FUENTE: Europa Press
