José Manuel Acosta como coordinador local de la formación andalucista, ha afirmado públicamente que su partido apoya la huelga convocada por todos los sindicatos con representación en el sector educativo, así como las asociaciones de madres y padres en contra del decreto publicado por la Junta en el BOJA del 19 de febrero por el que se regula el criterio y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados.
Acosta ha declarado que el decreto de la Junta de Andalucía abarca desde el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, hasta el bachillerato.
El coordinador local de AxSí manifiesta que el decreto ha conseguido la oposición unánime de todos los representantes tanto de los empleados del sector como del alumnado y sus familias “lo que demuestra una vez más que el Gobierno de la derecha en Andalucía no tiene en cuenta las necesidades de la región ni sus demandas”.
El Gobierno del PP y Ciudadanos apoyado por la extrema derecha ha instaurado la política de recortes en materia educativa, una cuestión que desde AxSí se defiende como una inversión pública más que necesaria, “cada curso se cierran más unidades, a pesar del descenso de la natalidad que se podría haber aprovechado para reducir el número de alumnos por aula y que de esa forma el profesorado podría desarrollar sus clases con normalidad y no con la saturación que padecen en la actualidad sin olvidar que obligan a los docentes a pasar más tiempo rellenando informes que preparando sus clases”.
El decreto del Gobierno andaluz, publicado el 19 de febrero, da prioridad a la educación concertada por delante de la pública, lo que de facto supondrá reducir más unidades en los centros públicos mientras que los centros privados-concertados no padecen la reducción de líneas porque se mantienen sus plazas ofertadas al incluirse los centros en cada zona de escolarización. La situación es tal que hasta el propio consejero de Educación no podía explicar ante los medios de comunicación el otro día cómo se hará la distribución de las preinscripciones.
Por este motivo, Acosta ha animado a que la comunidad educativa secunde la huelga de mañana 4 de marzo y en la medida de lo posible acudan a la manifestación “para gritarle a la Junta de Andalucía alto y claro que estamos dispuestos a defender la enseñanza pública con todas las herramientas a nuestra disposición”.
Por su parte, la concejala andalucista de Educación en el Ayuntamiento de Puerto Real, Victoria Pérez del Campo, ha informado que, como ha denunciado la CODAPA, Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, uno de cada cinco euros invertidos en educación por parte de las administraciones públicas van a un centro privado, cuando no suponen ese 20% del porcentaje, lo que supone unos 6.000 millones de euros por curso. Este decreto además creará desigualdades al segregar al alumnado en función del nivel socioeconómico familiar, porque las familias con menos recursos no pueden asumir las cuotas presuntamente voluntarias que hay que satisfacer en estos centros concertados. De igual modo, se tendrá en cuenta la puntuación del expediente académico, sin tener en cuenta los medios y la formación de la familia para poder apoyar a sus hijos en las tareas diarias o con clases de refuerzo.
“El mencionado decreto además impide al alumnado con necesidades educativas especiales la libertad de elección de centro ya que las familias tienen que escolarizar a sus hijos en los centros donde haya personal que pueda atenderlo, por tanto supone un ataque frontal a las necesidades de ese alumnado que necesita ser atendido con mayor supervisión desde el punto de vista educativo”, afirmó Pérez del Campo.
Para finalizar, la concejala andalucista quiso poner como ejemplo la merma de servicios públicos en materia educativa que ya se está provocando de por sí en las zonas rurales de Puerto Real, con las intenciones de la Delegación de Educación de dejar a 37 niñas y niños sin el centro educativo que se encuentra en la barriada rural de El Marquesado, por tanto, según explico Pérez del Campo “estas políticas son otro ejemplo más del despropósito educativo del Gobierno andaluz, demostrando que dicen una cosa y luego hacen otra, ya que en los discursos oficiales se pronuncian en contra de la despoblación de las zonas rurales pero luego ponen en práctica precisamente lo contrario como quieren hacer con el colegio de El Marquesado”.
FUENTE: AxSí PuertoReal
