Habrá que esperar un poco más para ver la vista oral por el caso de los «Aceites Usados» en Puerto Real. Así lo ha decidido esta mañana el Juzgado Nº5 de lo Penal de Cádiz tras la vista previa donde acudieron los abogados de las partes defensoras, los miembros de la Junta Local del Gobierno del Partido Andalucista en Puerto Real entre 2011 y 2015, y los letrados de las acusaciones particulares de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceite y Grasas Comestibles (GEREGRAS) y EQUO.
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Todo estaba previsto para que este lunes, 23 de Noviembre, comenzara la vista con los acusados sentándose en el banquillo por primera vez desde que saltara el escándalo allá por 2015. Hasta entonces, una serie de dilaciones en el tiempo para llegar a este raro 2020, donde la vista se hubiera tenido que celebrar allá por el mes de Abril.
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Sin embargo, la defensa de los antiguos miembros del PA ha pedido al juzgado que en la causa no se había citado al Ayuntamiento de Puerto Real como responsable civil subsidiario en dicho procedimiento. Es decir, el Consistorio de la Villa también estará inmerso en el procedimiento y tendrá que ser llamado a juicio dado que fue el que firmaba subsidiariamente el convenio y la adenda de la recogida de aceites usados de los bares y restaurantes de Puerto Real con la empresa BioUniversal SL.
Según fuentes de la vista, pese a la oposición de la Juez en un principio finalmente este ha optado por el principio de precaución para aplazar nuevamente el inicio de la apertura del juicio oral para citar al Consistorio puertorrealeño.
Multas e indemnizaciones
Con la citación del Ayuntamiento de Puerto Real como responsable civil subsidiario, el mismo podría enfrentarse o tener que hacer frente a multas e indemnizaciones de los posibles afectados en la causa, que principalmente eran comerciantes y empresarios hosteleros de la localidad.
De momento, lo que si se saben son las diferentes penas que piden las acusaciones así como el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía pide «8 años de inhabilitación especial para el cargo de Alcalde, Teniente de Alcalde, o Concejal o cualquier otro cargo electivo del ámbito local, autonómico, estatal o europeo» según reza el Artículo 42 del Código Penal para Maribel Peinado –que ya fue condenada por el caso del acceso a la información– y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Partido Andalucista en la legislatura 2011-2015: Juan Carlos Martínez, José Antonio Ayuso, Javier Traverso, Flores Domínguez, Manuel Izco, Jesús Plaza y para el técnico de Medio Ambiente, José María Córdoba.
Por su parte la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceite y Grasas Comestibles (GEREGRAS) también informó, en su escrito de acusación, de la petición de entre 10 y 14 años de inhabilitación, no solo de cargo público, sino también de empleo público por delitos de prevaricación (Artículo 404 del Código Penal) y de derechos individuales del Artículo 542 del Código Penal. Asimismo, Geregras pide indemnización por parte de los acusados «como responsables civiles directos, deben quedar obligados a abonar la cantidad correspondiente a las cuotas que la denunciante ha dejado de percibir».
EQUO Puerto Real, también presente como acusación particular, incide en el delito de prevaricación y pide la inhabilitación para cada uno de ellos de 14 años.
