Este miércoles, Puerto Real despertaba con la noticia del derribo de una de las tres casas ilegales situada en la Carretera de El Portal. Finalmente, la decisión se ha pospuesto debido a problemas técnicos para acceder a la misma.
Eran las 10:00 h. de la mañana en las inmediaciones de la Venta El Algarrobo, en Puerto Real. Justo en el lado izquierdo de la Carretera de El Portal se encuentran un núcleo de casas que están también a escasos metros de las marismas puertorrealeñas. Una zona que, desde hace varias semanas, se ha erigido protagonista. Y es que una orden judicial ordenaba a la demolición de una de las viviendas que allí se sitúan, una situación que ya se encargaron de denunciar los vecinos el pasado 20 de Enero.
Hasta la zona se dieron cita, además de numerosos medios de comunicación, una excavadora, técnicos de la empresa que se encargaría del derribo, y los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, así como efectivos de la Policía Local.
La problemática de las viviendas denunciadas reside en la Ley de Costas. La denuncia, que se realizó en 2007, estaba amparada bajo la Ley de Costas anterior a la vigente, por lo que, según el técnico que denunció el caso, las viviendas estaban dentro de los límites donde no se puede realizar ninguna edificación, es decir, cerca de las marismas.
«El Ayuntamiento de cara a nosotros nos puso de que nos iba a ayudar, y claro que nos ha ayudado, a hundirnos en la mierda. Si desde el Ayuntamiento se hubiera apretado un poco, quizás esto no estaría sucediendo. Pero dijeron que sí, que las casas se tiraban. Ese es el Ayuntamiento que tenemos nosotros. Mi abogado me lo ha dicho, él estaba presente cuando se tomó la decisión, y me informó por teléfono. Me lo recalcó, ‘que sepas que ha sido el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, del Partido Andalucista, el que ha dicho que no, que la casa se derribaba'», nos afirma Mari Carmen, la inquilina de la vivienda que se ha salvado de momento, de ser derribada.
La imposibilidad de derribar la vivienda se ha debido a cuestiones puramente técnicas, y es que la máquina excavadora no tenía espacio suficiente para realizar el derribo sin perjudicar a las viviendas colindantes, también denunciadas, pero aún sin orden judicial de derribo. Por ello, se tomó la decisión de usar una vía alternativa a través de un terreno anexo, cuya propietaria se negó a dejar acceder a la excavadora.
Ahora, y tras levantar acta, será nuevamente el Juzgado el que dictamine cómo y cuándo debe realizarse el derribo, si bien, las familias esperan que «el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente conteste al recurso presentado para que revise el caso de la vivienda tras la aprobación de la nueva Ley de Costas».
Por su parte, desde el Ayuntamiento, y en declaraciones a Europa Press, han expresado su «sensibilidad» con las citadas familias y deja claro que «no es parte en el proceso», ya que la instrucción del expediente no es de su competencia y es un juzgado el que ha dictado sentencia.
Sin embargo, la disciplina urbanística es competencia municipal y está obligado «por ley» a garantizar el cumplimiento de las órdenes ejecución de derribo, pues , en caso contrario, el Ayuntamiento sería apercibido por desobediencia.
Este jueves tiene previsto ejecutarse otra orden de derribo de otra vivienda ilegal situada en las inmediaciones de la misma.
Valiente elemento este político, prepotente y me ahorro más calificativos
Que poco cercano este Sr. Martínez. Empatía no tiene ninguna. Por qué será que no me extraña ese comportamiento con respecto al derribo? Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas y espero que nunca se tenga que ver en esa situación. Se tomará Maribel Peinado una foto junto al derribo? Mucha suerte a estas familias.