La alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, se ha reunido con los portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento para informarles de la situación de los centros educativos de la localidad frente al inicio del curso escolar. Amaya ha comunicado los recursos que el Consistorio va a destinar para cumplir con las obligaciones que le pertenecen en materia educativa, y que a pesar de la crisis sanitaria, no han variado con respecto a años anteriores.
En este sentido, la alcaldesa de la ciudad ha asumido el informe que la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Cádiz ha emitido para despejar las dudas de los municipios ante el reto de volver a las aulas con garantías sanitarias para toda la comunidad, una tarea en la que cada una de las administraciones tiene una obligación bien definida.
Se reconoce en el informe la obligación de las entidades municipales: conservación, mantenimiento y vigilancia en los centros donde se imparta segundo grado de infantil, primaria y educación especial, siendo en los consejos escolares en donde deben canalizarse las demandas de cada centro.
Teniendo en cuenta que la situación actual es extraordinaria, y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda tener nuevas responsabilidades –que es el principal motivo de duda de los municipios-. La Ley (Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)) señala que “su atribución tendría que hacerse bien mediante transferencia –por norma con rango de ley- bien mediante delegación a través de un decreto con aceptación voluntaria del Ayuntamiento, o bien mediante encomienda de gestión por convenio. En todos los casos acompañados de los recursos financieros necesarios”.
Dado que esta atribución de nuevas competencias no se ha producido, “las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera”.
Del mismo modo que lo ha hecho ya la presidenta de Diputación, la alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, ha reconocido su preocupación por la “pasividad de la Junta de Andalucía, que ni siquiera responde a los requerimientos de información e incluso propuestas de actuación colectiva que se le han hecho llegar tanto desde la entidad provincial como de la Federación de Municipios y Provincias”.
