La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, han anunciado que llevarán ante el Senado, la Fiscalía y la Comisión Europea la actuación policial en el conflicto del metal, con «cargas injustificadas» y provocadas, y las «filtraciones» de los antecedentes de los detenidos, «totalmente improcedentes y para criminalizar a un movimiento entero».
En declaraciones a los medios tras reunirse con responsables de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) y familiares de los detenidos en la barriada del Río San Pedro, Teresa Rodríguez ha manifestado que «el dispositivo gubernativo policial puesto en marcha para reprimir la huelga del metal ha sido desproporcionado, con una cierta intencionalidad de asustar a la gente para que salga a manifestarse, desde el envío de tanqueta o con la sobrehostigación con helicópteros sobre manifestaciones».
«Estamos visualizando vídeos de esos días y no son pocos aquellos en los que no ocurre eventualmente nada que justifique una carga pero se busca provocarla, como policías con carga en la espalda que buscan la forma de provocar la acción de algún ciudadano y eso justifica luego una carga», ha afirmado Rodríguez.
Además, ha criticado que los agentes fueran «desprovisto de la identificación que establece la normativa en el chaleco de los agentes de la unidad, cargas contra manifestaciones pacíficas como la del 23 de noviembre que tenía que haber terminado en el puente Carranza y no hubiese pasado absolutamente nada». «Son decisiones absolutamente erróneas por parte de los jefes policiales y de los jefes políticos», ha añadido.
Rodríguez ha indicado que han pedido una investigación interna en la Policía «para que no vuelva a ocurrir que un dispositivo policial se pone a disposición de la estrategia de represión de la población para que no se movilice por su situación». Además, ha anunciado que a través de la senadora Pilar González van a preguntar al Gobierno «por este dispositivo aportando los videos como pruebas, para que justifiquen las cargas, el envío de material militar sobredimensionado y detenciones que han sido arbitrarias». Igualmente, ha señalado que llevarán a Fiscalía que se haya «filtrado información de una investigación en curso con la clara intención de criminalizar a un movimiento entero». «Aquí la intención ha sido que la población del Río San Pedro aprenda que no puede volver a hacer lo que hizo, que básicamente fue protegerse de una carga policial que no estaba justificada», ha añadido.
A juicio de Rodríguez, «parece sospechoso que de todas las personas que han participado se haya estado buscando a las que tienen antecedentes, que se supone que en una sociedad democrática no supone impedimento alguno para participar en una movilización o una huelga». «Queremos que la Fiscalía investigue porque puede haber un delito de revelación de secreto», ha afirmado.
Igualmente, ha señalado que llevarán también a Fiscalía «la represión empresarial, porque ha habido empresas que han obligado a trabajadores a darse de baja voluntariamente durante la huelga, y de ser así es un atentado por vulnerar el derecho a huelga». Por su parte, Miguel Urban ha mostrado su «solidaridad con los trabajadores del metal y rechazo ante la represión que están sufriendo». «No es casual que las detenciones se hagan en un barrio obrero y el mensaje es que si te mueves y luchas por tus derechos vamos a ir a por tí y lo vas a pagar», ha añadido.
«Estos compañeros estaban luchando por los derechos y el futuro del conjunto de la Bahía. En vez de que traigan policías, tanquetas y palos, traigan planes de trabajo», ha afirmado Urbán, que ha anunciado que van a interpelar a la Comisión Europea «por la situación de represión que se ha vivido y con las ultimas detenciones que son totalmente improcedentes».
FUENTE: EP
