El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, en noviembre de 2021, absolvió a los acusados -mayormente del Equipo de Gobierno del Partido Andalucista- en el conocido Caso de los Aceites Usados de Puerto Real de un delito de prevaricación.
La Sala de lo Penal, asimismo, ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por la Acusación Popular del partido EQUO, que había solicitado la revisión de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Este fallo, que tiene carácter definitivo, cierra un prolongado proceso judicial y condena a EQUO al pago de las costas procesales (unos 7.000€).
Un caso de amplio impacto en la Bahía de Cádiz
El Caso Aceites ha sido uno de los episodios judiciales más seguidos en Puerto Real en los últimos. La causa estaba relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de residuos de aceites en Puerto Real, donde los acusados, entre ellos varios funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Real y miembros del equipo de gobierno liderado por aquel entonces (2011-2015) por Maribel Peinado, fueron señalados por posibles prácticas de prevaricación. Las acusaciones giraban en torno a supuestas decisiones arbitrarias o negligentes en la concesión de licencias y en la gestión de este tipo de residuos, que podrían haber beneficiado a empresas privadas en perjuicio del interés público.
Sin embargo, en su momento, la Audiencia Provincial de Cádiz dictaminó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones formuladas por EQUO y GEREGRAS, y, por tanto, procedió a la absolución de los acusados. Según la Audiencia, no se pudo demostrar la existencia de decisiones deliberadamente injustas o la voluntad de los implicados de actuar en contra de la legalidad.
El recurso de EQUO
Pese a la absolución dictada por la Audiencia Provincial, Verdes-EQUO, que ejerció como acusación popular -y se encontraba en aquella legislatura en la oposición con Iván Canca y Enrique Vite-, decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, manteniendo que existían indicios suficientes para considerar que los acusados habían incurrido en un delito de prevaricación. Entre los argumentos del partido Ecologista, se subrayaba la necesidad de revisar la gestión realizada en torno a los residuos de aceites en Puerto Real y la posible falta de transparencia en las decisiones administrativas.
No obstante, el Tribunal Supremo, tras revisar el recurso, ha decidido no admitirlo, argumentando que la sentencia de la Audiencia Provincial estaba fundamentada en el análisis exhaustivo de los hechos y en la ausencia de pruebas concluyentes que demostraran la culpabilidad de los acusados. El Supremo ha concluido que no hay lugar para cuestionar la resolución original y, por lo tanto, ha confirmado la absolución de los implicados.
Consecuencias legales y políticas
Además de confirmar la absolución, el Tribunal Supremo ha impuesto a EQUO el pago de las costas procesales, lo que supone una derrota no solo judicial sino también económica para la formación política. Esta medida refleja la voluntad del alto tribunal de sancionar a quienes, tras una resolución firme, insisten en recurrir sin una base legal sólida.
En términos políticos, el fallo del Supremo podría tener un impacto en la credibilidad y estrategia del partido Equo en Puerto Real, dado que la denuncia de este caso formaba parte de su agenda para denunciar posibles irregularidades en la gestión municipal. El resultado adverso puede interpretarse como un golpe a su capacidad para ejercer de forma efectiva como «vigilante» de la gestión pública en el ámbito local.
Por su parte, los acusados, que ya habían sido absueltos en primera instancia, ven ahora ratificada su inocencia de forma definitiva, lo que pone fin a una etapa de incertidumbre jurídica y mediática.
Un largo proceso judicial
Este caso ha estado marcado por un proceso judicial extenso que, desde su inicio, ha mantenido en vilo a la ciudadanía y ha despertado el interés de los medios de comunicación locales y provinciales. La gestión de residuos y las posibles irregularidades en los contratos públicos son temas de alto impacto social, y su judicialización ha puesto de manifiesto la complejidad que entraña garantizar una administración pública transparente y eficiente en municipios como Puerto Real.
Con la resolución del Tribunal Supremo, las autoridades locales y los implicados podrán finalmente pasar página y centrar sus esfuerzos en otros desafíos de gestión, mientras que el partido Equo deberá replantearse su estrategia política y judicial para futuras acciones.
Este fallo, además, deja un precedente importante en cuanto al uso de la Acción Popular por parte de los partidos políticos, subrayando la necesidad de fundamentar con solidez cualquier acusación que pretenda cuestionar la actuación de servidores públicos o de la administración municipal.
En conclusión, con este fallo del Tribunal Supremo, se pone fin de manera definitiva al Caso Aceites Usados en Puerto Real, ratificando la absolución de los acusados y condenando al partido Equo al pago de las costas procesales por su recurso de casación. Un capítulo judicial que cierra con el respaldo legal a las decisiones adoptadas por la Audiencia Provincial de Cádiz.
