La situación en la industria del metal en la Bahía de Cádiz, tanto en Navantia como en Airbus y también empresas auxiliares de Dragados Offshore, está cada vez más tensa. Durante los últimos días, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal junto con la CGT estuvieron a las puertas de Navantia en Puerto Real para reivindicar soluciones y convocar a una nueva movilización para el 10 de Abril en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz.
Los trabajadores han estado durante estos días «informando de la situación en que se encuentra todo el tejido industrial de la zona» a través de asambleas. «Por ello, estas asambleas las haremos de forma conjunta trabajadores del sector aeronáutico y naval. Explicaremos los últimos ataques que está sufriendo la plantilla del sector aeroespacial que entendemos están directamente relacionados con los ataques a las plantillas de los Astilleros, y formaremos un frente común ante los planes de deslocalización y desmantelamiento que se están llevado a cabo», indican en su comunicado.
«La situación trágica en la que se encuentra la industria en Cádiz, en ningún caso es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras del sector naval ni del aeronáutico, sino que responde a un desmantelamiento planificado de todo el tejido industrial de la zona. La falta de carga de trabajo supone una amenaza contínua que ha facilitado la pérdida de derechos y la privatización de los servicios a través de la subcontratación de empresas privadas. Estas externalizaciones han supuesto para la clase trabajadora, precarización e incumplimientos de convenios constantes, precariedad, inestabilidad laboral e incertidumbre. Por eso necesitamos que la carga de trabajo venga también cargada de derechos y de dignidad», prosiguen.
«Necesitamos dejar de ser rehenes de las grandes potencias económicas», comentan desde la CTM y la CGT, ya que creen que no se puede «seguir alimentando el mismo modelo productivo depredador que nos ha llevado a esta situación. Este modelo que ha condenado a la pobreza y a la misera a la mayoría de la población mundial y que nos está llevando al borde de la extinción, es también el que está condenando al paro y a la miseria a la Bahía de Cádiz, destruyendo el poco tejido industrial que queda».
«En este contexto, la recepción de los Fondos Next Generation se ha anunciado como una medida generosa y y se supone que, con ellos, los Estados deben afrontar las consecuencias generadas por la pandemia. Si ya de por sí es preocupante que estos fondos tengamos que pagárselos a los mismos bancos responsables de las últimas crisis económicas y a quienes hemos rescatado encima con dinero público no hace mucho, mucho más preocupante es que en este contexto de crisis sanitaria y social, haya empresas multimillonarias que estén amenazando con ERES masivos, sin ningún tipo de escrúpulos. Sin embargo, estas amenazas parecen tener la doble intención de ser firmes aspirantes a esos fondos», añaden.
Para los colectivos también les llama la atención «que salga en prensa Iberdrola, prometiendo colocar en el fondo marino de la Bahía una planta de energía eólica marina, pero condicionado, por supuesto, a recibir el dinero público de estos Fondos Europeos. ¿Acaso quieren que los propios trabajadores y trabajadoras de la Bahía salgamos a pedir esos fondos para estas macroempresas en base al chantaje del paro y la miseria?. En ese caso, debemos recordarle a Iberdrola, que la planta eólica marina que ya luce en el Pacífico de su propiedad, se hizo entera en los Astilleros de la Bahía, así que ¿por qué vamos a necesitar a Iberdrola de intermediaria de estos fondos? Ni a Iberdrola, ni a Endesa, ni a ninguna otra multinacional necesitamos mientras tenemos una empresa pública como Navantia, a la que no vamos a dejar asesinar, porque es nuestra».
Ante todo ello, los trabajadores del metal en la Bahía de Cádiz han pedido que «una Navantia y Airbus 100% públicas. Si realmente estos fondos van a ir destinados a paliar las consecuencias de esta nueva crisis, nuestra propuesta es un sector naval y aeronáutico público y saneado, revirtiendo todo el proceso de privatizaciones y externalizaciones que hemos padecido todo este tiempo. Subrogación de las plantillas de trabajadores de las empresas auxiliares por parte de Navantia y Airbus para generar puestos de trabajo estables y en condiciones. Carga de trabajo digna y sostenible. Necesitamos carga de trabajo y somos conscientes de que el futuro pasa por la transformación en energías limpias de buques, ferrys, barcos de hidrógeno, aviones eléctricos y plataformas. Necesitamos un compromiso real de las administraciones con dos sectores estratégicos como el naval y el aeroespacial para que vuelva la carga de trabajo, al tiempo que hacemos esa transición ecológica como apuesta de futuro».
Además, también han pedido «inversión para diversificar la producción. En vez de dar esos fondos a empresas privadas como Iberdrola o Endesa que necesitan reciclarse pero quieren hacerlo con dinero público. Con una industria pública, saneada y subrogación de las plantillas auxiliares, tenemos lo necesario para fabricar plantas eólica-marinas, como ya hemos hecho en nuestras propias instalaciones, pero esta vez, en vez de fabricarlas para Iberdrola o Endesa, queremos hacerlo desde lo público para beneficio público, y así poder hacernos cargo de la fabricación, instalación y el futuro mantenimiento de las mismas, al tiempo que generamos un bien social necesario. Podríamos expandir nuestra producción hacia el transporte público sostenible, su modernización y mantenimiento, o un sector dedicado a la conversión del automóvil de hoy hacia modelos ecológicos y su reparación, recuperando un sector que también estaba implantado en la Bahía de Cádiz antes del cierre de Generals Motors que dejó en la calle a cientos de trabajadores. En lugar del anterior modelo fracasado, este es el modelo que debemos empezar a implementar con esos fondos, dejando fuera de sectores tan rentables como la energía o el transporte a intermediarios privados que sólo vienen a llevarse subvenciones, precarizar y a desangrarnos hasta la última gota para luego marcharse».
Por último, entre sus exigencias está que las empresas estén «bajo el control de los propios trabajadores y trabajadoras. Para asegurarnos que que estas empresas 100% públicas cumplen la función social para la que están diseñadas, respetando condiciones laborales dignas, evitando el enchufismo y las listas negras. Estableciendo bolsas de trabajo transparentes y evitando la discriminación de género o sexo o la brecha salarial entre hombres y mujeres».
