La Consejería de Fomento y Vivienda está solicitando por escrito a 36 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, todos ellos con viviendas sociales de la Junta de Andalucía en sus términos municipales, que apliquen bonificación de hasta el 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias residentes en el parque público autonómico en alquiler.
Esta medida, que viene solicitando cada año la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antes de que los ayuntamientos aprueben sus presupuestos para el siguiente ejercicio, tiene un «marcado carácter social», ya que «redunda directamente en beneficio de los moradores de estas viviendas», familias con ingresos limitados y escasos recursos que, «precisamente por esa razón son las adjudicatarias de dichos inmuebles», ha precisado la Consejería en una nota de prensa este sábado.
Si no existe la bonificación solicitada, la AVRA, en cumplimiento de la normativa reguladora, debe repercutir dicho impuesto a las familias adjudicatarias de sus viviendas, después de haberlo liquidado la propia agencia cuando los ayuntamientos se lo reclaman.
La solicitud de bonificación del IBI se viene planteando desde 2011 a los municipios de Andalucía en los que la Agencia tiene parque de vivienda y se fundamenta en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual los ayuntamientos podrán regular mediante ordenanza una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
El carácter social del parque residencial de la Junta motiva tal petición, que en la provincia de Cádiz ha sido atendida, hasta ahora, por cuatro municipios, que son Arcos de la Frontera, Rota, San Fernando y San José del Valle.
La Junta ha remarcado que los restantes ayuntamientos no han respondido a los escritos que «año a año» se remiten desde AVRA, en los que se solicita a los plenos municipales que declaren que la actividad de arrendamiento social desarrollada por la agencia con las viviendas de su parque público «tiene especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración», y por lo que también se les solicita que apliquen a esas viviendas una bonificación en la cuota del IBI.
En los escritos remitidos a los ayuntamientos se advierte de que dicha bonificación tendría un beneficio directo sobre los arrendatarios, a quienes la agencia tiene la obligación de repercutir dicho impuesto, en aplicación del artículo 63.2 del Texto Refundido de la LRHL.
«Al mismo tiempo, permitiría más capacidad económica para el mantenimiento y conservación del parque de vivienda en gestión, al poder disponer de esas cuantías que ahora pierde desde que se abona la factura hasta que se le cobra a los residentes», ha argumentado la Agencia.
El parque residencial en alquiler que gestiona AVRA en Cádiz suma un total de 9.549 viviendas. De ellas, 1.368 se localizan en la capital, mientras que el resto se reparte por otros 35 municipios, destacando por volumen Algeciras, con 1.333 viviendas; Jerez de la Frontera, con 1.183, y La Línea de la Concepción, con 614 viviendas.
FUENTE: EP
