La jueza María Núñez, instructora del caso ERE, ha citado para declarar como investigados el próximo 9 de noviembre a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas de la Junta a los trabajadores afectados por el ERE de la factoría de Delphi en Puerto Real en 2007.
En un auto del 3 de septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla expone que dichas ayudas «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y cita como investigados a ambos exconsejeros, al exdirector de Trabajo Daniel Rivera, al exresponsable de la mediadora Uniter y a una decena de beneficiarios de las ayudas que presuntamente no trabajaron en Delphi o no cumplían los requisitos.
La instructora recuerda que el 4 de julio de 2007 se firmó un protocolo entre las Consejerías de Empleo e Innovación y los sindicatos «por el que se comprometieron distintas ayudas para mitigar la incidencia negativa del ERE de Delphi» tanto para los 1.520 trabajadores fijos de la factoría cerrada más 219 exeventuales por importe de 250,5 millones de euros así como otros 7,8 millones para prejubilaciones de empleados de la industria auxiliar.
Para ello se suscribieron pólizas de seguro de prejubilación con La Estrella, Banco Vitalicio y Vidacaixa.
Se ha comprobado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que en la contabilidad de la agencia pública IDEA constan pagos realizados entre 2009 y 2012 por 98.463.634,31 euros.
Entre los beneficiarios de las ayudas figuran «intrusos» que no aparecen en el listado de empleados de Delphi ni de su industria auxiliar (Francisco Guzmán García, Miguel Barba Clavain y Juan Luís García González) o personas con una incapacidad laboral permanente cuyo despido es ajeno al cierre de Delphi (Antonio Ureba Alonso, Estanislao López de Carrizosa Ivison, Juan José Páez Choquet de Isla y Jerónimo García Ramírez).
También un trabajador de la factoría de Puerto Real que en 2008 se trasladó a Delphi Diesel en Barcelona donde siguió trabajando (Antonio Castillo García) y tres empleadas eventuales de la empresa Selmarsa cuyo departamento de Recursos Humanos aclaró que sus despidos no fueron consuencucia del cierre de Delphi (Francisca Sánchez Macias y María Carrasco Vías y Francisca Mariscal Gutiérrez).
La jueza Núñez cita a todos estos beneficiarios de ayudas, a los exconsejeros Recio y Fernández -procesado en la pieza política del caso ERE por lo que ha sido excluido de otras piezas separadas-, a Daniel Rivera y a José González Mata a declarar como investigados el próximo 9 de noviembre.
En el mismo auto también cita a cuatro testigos para ese día: los trabajadores de Uniter María José Benítez y Sandra Elena Bachura del Valle, así como a Luis Camacho y a Alberto Pérez García.
FUENTE: EFE
