El sindicato USO, uno de los cuatro inmersos en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi, exige responsabilidades a las fundaciones que impartieron los cursos de formación del colectivo y también a la Junta de Andalucía por «permitir», «si era ilegal», que los extrabajadores tuvieran nómina y cotizaran mientras se formaban.
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Así lo ha indicado a Europa Press Miguel Paramio, portavoz de USO, a raíz de las informaciones publicadas en las últimas fechas que hacen alusión a un informe de la Inspección de Trabajo que concluye que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social al destinarse a la «simulación de relaciones laborales» para que el colectivo recibiera prestaciones «indebidas» durante la formación.
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«Primero nos ponían de privilegiados y ahora de delincuentes», se queja Paramio, que subraya que los afectados no se cuestionaban la legalidad de esta situación, que daban por hecho.
Resalta, además, que el colectivo estuvo pagando en ese periodo a la Seguridad Social y a Hacienda, con lo que, «dentro de la ilegalidad que la situación supondría, el colectivo estaba al día y cumpliendo sus obligaciones escrupulosamente». «No hemos defraudado a la Seguridad Social», sentencia.
Critica el portavoz sindical que todo esto vaya a tener consecuencias para «el más pisoteado», en alusión a los extrabajadores, ya que acarreará una modificación de la vida laboral si se anula el periodo cotizado o se les exige la devolución de las prestaciones cobradas.
Al respecto, se pregunta cómo podría afrontar este extremo el colectivo «si el que más está cobrando una ayuda de 426 euros». Se pregunta «de dónde pretenden que se saque el dinero» y enfatiza que, tal y como están las cosas, supondría «no sólo la ruinar al extrabajador, sino a toda su familia».
Incide en que en este asunto «hay culpables, que desde luego no son los trabajadores, que han sido en todo momento una marioneta de la Junta». Considera «responsables» a las entidades que impartieron los cursos y también la Junta de Andalucía, que «tiene su gabinete jurídico y técnicos» para supervisar adecuadamente estos procedimientos.
Finalmente, insiste en que ha habido «una negligencia» de la Administración que «no tienen que pagar los extrabajadores de Delphi».
FUENTE: EP
